El ataque a bala contra el comerciante quedó grabado en las cámaras del negocio
ATLÁNTICO, COLOMBIA. (28 MAY 2025) – La noche del sábado 24 de mayo quedó marcada por el dolor en el barrio San Roque, Barranquilla, tras el asesinato de Héctor Augusto Martínez Montoya, un tendero de 62 años que había decidido enfrentar las extorsiones que sufría desde hacía meses.
De acuerdo con lo reportado por El Universal. Héctor, natural de Aranzazu, Caldas, era muy querido en la comunidad por su espíritu trabajador y su cercanía con los vecinos. Sin embargo, su valentía para denunciar a los extorsionistas que lo presionaban terminó costándole la vida. Según los informes, dos sicarios en moto, vestidos con buzos negros, llegaron a su tienda “El Reposo” haciéndose pasar por clientes. En un momento de descuido, le dispararon en repetidas ocasiones.
El tendero cayó al suelo gravemente herido; otros clientes intentaron auxiliarlo, pero todo fue en vano. El crimen quedó grabado en las cámaras de seguridad del local, material que ahora es clave para las investigaciones.
Extorsiones constantes y denuncia valiente
La principal hipótesis que manejan las autoridades es que el asesinato de Héctor fue una retaliación directa por haber denunciado a los extorsionistas ante el Gaula de la Policía. Según medios locales, durante meses debía pagar una cuota de $200.000 para mantener abierto su negocio y evitar amenazas de muerte. Incluso habría desembolsado $15 millones para poder operar con tranquilidad, hasta que finalmente se cansó y decidió entregar información, fotos y videos a las autoridades.
Hasta el momento, no se han reportado capturas, pero las autoridades adelantan la investigación para identificar y capturar a los responsables. La comunidad de San Roque pide justicia urgente para que este crimen no quede impune y para enviar un mensaje claro contra las redes de extorsión que siguen sembrando miedo en la ciudad.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.