Esta práctica pone en riesgo la entrega oportuna de medicamentos esenciales y golpea la economía formal.
ATLÁNTICO, COLOMBIA. (30 MAY 2025) – En una operación conjunta entre la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Fiscalía General de la Nación, fueron incautadas 22.479 unidades de medicamentos marcados como “Uso Institucional” que iban a ser distribuidos ilegalmente en diversas droguerías de Barranquilla.
De acuerdo con los datos proporcionados por La Policía Nacional De Colombia. El operativo, realizado mediante diligencias de registro y allanamiento en el sector céntrico de la ciudad, permitió detectar un cargamento avaluado en $165.300.000. Según las autoridades, estos medicamentos, destinados exclusivamente a instituciones de salud, estaban siendo desviados al mercado negro, impidiendo su llegada a los centros médicos que los necesitan para garantizar una atención adecuada a los pacientes.
La Policía señaló que el comercio ilegal de medicamentos es un fenómeno creciente en Colombia, particularmente en ciudades como Barranquilla, donde grupos criminales aprovechan vacíos en los controles sanitarios para comercializar productos sin garantía de calidad ni supervisión médica. Esta práctica no solo representa un riesgo grave para la salud pública, sino que también afecta directamente la economía formal y la trazabilidad de los tratamientos esenciales.
Las autoridades reiteraron su compromiso con la lucha contra el contrabando de medicamentos y realizaron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad a través de la línea anticontrabando 159, la línea de WhatsApp 3213942169 o el correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co, asegurando total reserva de la información proporcionada.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.