La Paz, 9 de junio de 2025.- El Gobierno de Luis Arce analiza invitar a Bolivia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o a Naciones Unidas para que verifiquen las afectaciones que, según ellos, han dejado en el país las protestas promovidas por el expresidente Evo Morales, en especial por los bloqueos de carreteras en el último año.
El ministro de Justicia, César Siles, dijo a los medios que la Cancillería analiza la opción de invitar a los organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a visiten el país, donde actualmente los seguidores del exmandatario exigen su participación en las próximas elecciones generales.
«Estamos analizando la posibilidad de pedir incluso la conformación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes, un GIEI, para el tema de los bloqueos (…) que han afectado y están afectando derechos de las personas a la libre locomoción, a la salud, a la educación», agregó Siles.
También confirmó que la investigación por la denuncia presentada el pasado viernes contra Morales y otras personas por ocho delitos, entre ellos, terrorismo y obstrucción de procesos electorales, «está en una etapa preliminar» e indicó que podrían ampliar la demanda «por los hechos que pueden acontecer estos días».
Entre octubre y noviembre de 2024, los afines a Morales (2006-2019) bloquearon carreteras, sobre todo en el centro del país para evitar su detención, dentro de un caso por supuesta trata de personas, en el que se investiga su relación con una menor de edad con la que presuntamente tuvo un hijo cuando era presidente.
Desde entonces, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, una de las mayores zonas cocaleras situada en la región central de Cochabamba, con resguardo de centenares de productores de hoja de coca que son su principal base sindical y política.
Los leales al también exlíder oficialista del MAS bloquean carreteras desde hace una semana, para exigir que el político sea inscrito y participar en las elecciones del próximo 17 de agosto, con un partido que no está habilitado porque perdió su personería jurídica.
Con las protestas, que otra vez se concentran en Cochabamba, también demandan la renuncia del presidente Arce, al que responsabilizan por la crisis económica.
El Gobierno denunció que las acciones de los manifestantes en las carreteras han dejado hasta el momento más de medio centenar de heridos, entre policías, médicos y civiles, y también acusa a los movilizados de impedir con violencia el paso de ambulancias, alimentos y combustible.
La Policía se replegó el viernes del Trópico de Cochabamba por amenazas de los grupos movilizados allí.
En paralelo, los agentes avanzan con operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas para levantar los cortes de rutas en Cochabamba.
El domingo, Arce acusó a Morales de buscar su renuncia para que quien asuma el Gobierno le permita postular en las elecciones y sostuvo que una nueva candidatura del exmandatario es «inconstitucional».
Mientras que Morales afirmó que esta semana será «decisiva» en lo que considera una disputa del «pueblo» que lo acompaña contra el «imperio» y el presidente estadounidense, Donald Trump, al que acusa de inmiscuirse en asuntos de Bolivia para evitar su candidatura.
El político, que gobernó Bolivia en tres periodos, insiste en ser candidato, pese a que el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificó recientemente que la reelección en el país está permitida «por una única vez de forma continua», sin la posibilidad de un tercer mandato.
El exmandatario renunció a su militancia en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y está distanciado de Arce desde finales de 2021.
EFE