Santiago Meneses habría exigido hasta 10 millones para gestionar ingresos laborales
ANTIOQUIA, COLOMBIA. (17 JUN 2025) – Santiago José Meneses Rivera, agente de tránsito adscrito a la Secretaría de Movilidad de Medellín, fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente exigir dinero a ciudadanos a cambio de ayudarlos a vincularse laboralmente en dicha entidad pública.
De acuerdo con lo reportado por La Fiscalía General De La Nación. Los hechos investigados ocurrieron entre agosto de 2022 y septiembre de 2023. Durante ese periodo, Meneses Rivera habría solicitado sumas que oscilaban entre los 8 y 10 millones de pesos, bajo la promesa de gestionar ingresos laborales como agentes de tránsito. Según la Fiscalía, se habrían presentado al menos ocho episodios en los que el funcionario exigió un pago inicial, y el resto del dinero debía ser entregado tras el supuesto nombramiento.
Las labores de policía judicial permitieron establecer que el agente se habría apropiado de más de 23 millones de pesos a través de esta modalidad. Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública le imputó el delito de concusión. Meneses Rivera no aceptó los cargos, pero deberá cumplir medida de aseguramiento en lugar de domicilio mientras avanza el proceso judicial.
El pasado 11 de junio, el agente fue capturado por servidores del grupo anticorrupción del CTI de la Fiscalía en el marco de una operación dirigida contra prácticas ilícitas dentro de entidades públicas del orden local.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.