El contrato se firmó en 2014 sin estudios de conveniencia ni participación plural
ARAUCA, COLOMBIA. (19 JUN 2025) –La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por su presunta responsabilidad en anomalías relacionadas con un contrato firmado durante su primer mandato, el cual tenía como objeto la construcción de una vía doble calzada en la glorieta del Coleo, en la ciudad de Arauca.
Según el medio de la FGN. Los hechos investigados corresponden a un contrato firmado el 26 de diciembre de 2014, en el que se identificaron irregularidades en la fase de planeación, ausencia de estudios de conveniencia y necesidad, y limitación de la participación de oferentes. La licitación resultó en la presentación de un solo proponente, quien fue finalmente adjudicado.
Detrimento patrimonial superaría los 2.800 millones de pesos
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia señaló que, tras la firma del contrato, se gestionó una adición presupuestal que elevó el valor total a más de 20.700 millones de pesos, pese a las omisiones detectadas en la fase precontractual. Como resultado, se generó un detrimento patrimonial superior a 2.816 millones de pesos, recursos que habrían terminado en manos del contratista.
Castillo Cisneros fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La audiencia se llevó a cabo ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. Pese a las pruebas presentadas por la Fiscalía, el exmandatario no aceptó los cargos.
La Fiscalía aseguró que continuará con el proceso de judicialización en defensa del patrimonio público y en busca de sanciones ejemplares contra los responsables de actos de corrupción administrativa.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.