Hallan sin vida a María Sabina Solano en una quebrada de Lebrija
SANTANDER / BOLÍVAR, COLOMBIA. (20 JUN 2025) – Tras un año y tres meses del feminicidio de María Sabina Solano Suárez, de 58 años, el Juzgado 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga sentenció a Israel Enrique Álvarez Pérez, su hijastro y exyerno, a 31 años y 2 meses de prisión. El procesado aceptó los hechos mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
Reporta el medio informativo Vanguardia. El cuerpo de María Sabina fue hallado en una quebrada en la vereda Buenos Aires de Lebrija, semidesnudo y cubierto con hojas, confirmaron las autoridades. Cerca del lugar, fue encontrada una motocicleta Yamaha FZ (placa HHI‑23D) perteneciente al agresor, así como prendas que permitieron la identificación del responsable. Investigadores establecieron que la víctima y el condenado habían compartido bebidas horas antes del crimen.
Según la Fiscalía, el móvil se habría derivado de la ruptura sentimental con su hija Amparo Ochoa, quien decidió separarse de Irvine luego de soportar maltratos físicos y psicológicos. Amparo confirmó que Álvarez había mostrado comportamientos violentos, incluso un episodio de asfixia contra su madre. También se conoció consumo de estupefacientes y desempleo por parte del agresor.
Durante los testimonios judiciales, la Fiscalía reveló que Álvarez, inestable y resentido por la separación, habría planeado el homicidio como venganza. Por los delitos de feminicidio agravado y violencia intrafamiliar, el tribunal estableció una condena de más de tres décadas de reclusión.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.