- Con más de 2,5 millones de canastas entregadas, una inversión que pasó de $1,93 a $2,47 billones y cobertura superior al 90 % en zonas históricamente excluidas, el Gobierno del Cambio ha transformado el Programa de Alimentación Escolar en una herramienta clave para la justicia social. Desde la UApA se avanza en la construcción de una política pública que garantice alimentación digna y permanente en todas las escuelas del país.
Bogotá D.C. 25 de junio de 2025. El presidente Gustavo Petro lideró el Consejo de Ministros centrado en la estrategia «Hambre Cero», una prioridad del Gobierno del Cambio orientada a garantizar la seguridad alimentaria de los niños, niñas, adolescentes y comunidades en los territorios históricamente olvidados.
«Logramos que haya comida caliente; ahora los niños y niñas se alimentan mejor, incluso los sábados y domingos. Garantizamos que, al regresar al colegio, la niñez cuente con un respaldo institucional sólido en términos de nutrición. He solicitado una reunión con el director del Fomag, para revisar el modelo preventivo de salud, que debería tener su base en la escuela, no solo para atender a los maestros, sino también a los niños y niñas, aprovechando los recursos existentes.», aseguró el presidente, Gustavo Petro.
A propósito del Consejo, profundizamos sobre los avances del PAE
A propósito del Consejo de Ministros y en coherencia con la estrategia nacional «Hambre Cero», desde la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) profundizamos ante la ciudadanía sobre los avances y transformaciones que se vienen impulsando en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), una de las principales herramientas del Gobierno del Cambio para combatir la desnutrición, promover la justicia social y garantizar la permanencia educativa.
Entre 2022 y 2025, el Gobierno Nacional ha destinado $2,47 billones al PAE, superando ampliamente los $1,93 billones invertidos anteriormente. Esto representa un aumento del 28 % en pesos constantes respecto a 2020. Gracias a esta inversión, se redujo en un 24 % el uso de comida industrializada y aumentó en un 21 % la provisión de alimentos preparados en sitio. También se duplicó la entrega de comida caliente transportada, mejorando la pertinencia nutricional y la calidad del servicio. Actualmente, el PAE distribuye 350 mil toneladas de alimentos al año, cumpliendo con la Ley 2046 de 2020, que exige que al menos el 30 % provenga de pequeños productores y agricultores locales.
Más cobertura, más justicia social
El programa ha ampliado su cobertura y ha priorizado a las poblaciones históricamente excluidas. Entre 2021 y 2024, el PAE creció 4 puntos porcentuales a nivel nacional. En comunidades indígenas y NARP (Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras), el aumento fue de 9 puntos, y en población rural y estudiantes en jornada única, de 4 puntos. Hoy, el 92 % de las sedes con jornada única recibe almuerzo como complemento nutricional, y las comunidades rurales, indígenas y PDET superan el 90 % de cobertura.
Además, se implementó por primera vez una estrategia de entrega de canastas alimentarias durante recesos escolares. Entre 2022 y 2025 se entregaron 2.550.347 canastas en 110 municipios con inseguridad alimentaria, con una inversión de $253.759 millones. Esta medida ha permitido garantizar el acceso a alimentos incluso cuando no hay clases.
Equidad territorial y fortalecimiento de infraestructura
El Gobierno ha dirigido recursos a los territorios con mayor rezago histórico. Entre 2022 y 2025, La Guajira recibió un incremento del 134 % en inversión, pasando de $79.415 millones a $185.671 millones. En la Orinoquía, el aumento fue del 110 %, en el Litoral Pacífico del 62 %, y en la Amazonía del 61 %.
Además, se destinaron $2,5 billones a infraestructura educativa, con 1.400 sedes dotadas y 868 cocinas y comedores escolares construidos, fortaleciendo la dignidad del servicio en todo el país.
Dignificación del trabajo y participación comunitaria
El fortalecimiento del PAE también se expresa en la dignificación laboral. El Gobierno avanza en la formalización de más de 56.000 manipuladoras de alimentos, garantizando sus derechos laborales, prestaciones sociales y seguridad social, en línea con el Código Sustantivo del Trabajo y la reforma laboral.
Desde el plano normativo, se expidió la Resolución 051 de 2025, que define estándares técnicos para una alimentación escolar culturalmente pertinente, especialmente para niños, niñas y jóvenes de comunidades étnicas. Esta normativa también habilita que organizaciones propias de estas comunidades puedan operar el programa.
También se ha fortalecido la democratización del PAE, gracias a la inclusión de actores comunitarios y al trabajo articulado con la Confederación Nacional Comunal, confederaciones departamentales, juntas y Asojuntas. Este enfoque participativo consolida una política con arraigo local y gestión desde los territorios.
Desde la UApA, se avanza hacia una política pública que garantice la alimentación escolar
Desde la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), se avanza en la consolidación de una política pública estructural que garantice el acceso a una alimentación digna en las escuelas para toda la infancia y juventud del país. Se trata de una apuesta por la justicia social y la equidad territorial, con financiación sostenible y cobertura garantizada. El compromiso es claro: ningún estudiante en Colombia debe volver a pasar hambre en su escuela.