Exministra habría terminado contratos de forma abrupta para renovarlos poco después
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA. (25 JUN 2025) – La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a María Isabel Urrutia Ocoró, exministra del Deporte, por presuntas irregularidades en la celebración de más de cien contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión. Según el ente acusador, la exfuncionaria habría incumplido las normas de contratación pública durante su salida del cargo.
Según lo reportado por La Fiscalía General De La Nación. La investigación indica que Urrutia habría ordenado la terminación anticipada de 104 contratos el 27 de febrero de 2023, luego de que el Presidente de la República le solicitara la renuncia. Aunque en su momento los contratistas firmaron actas de terminación alegando motivos personales, días después fueron recontratados por instrucción de la exministra con nuevos contratos que extendían su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.
Este accionar, según la Fiscalía, buscaba asegurar la continuidad laboral de personas cercanas a Urrutia dentro del Ministerio del Deporte, incluso después de su retiro del cargo. Por estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia la acusó del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia será la encargada de fijar la fecha de inicio de las audiencias preparatorias de juicio.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.