Cuatro personas fueron atacadas con arma cortopunzante
Facatativá, Cundinamarca. 26 de Junio de 2025. –La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Cristian Alexander Moreno Chaparro y Juan Ferney Moreno Algarra por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre y las graves lesiones causadas a otras tres personas, en hechos registrados el pasado 22 de junio en Facatativá.
Según el medio de la FGN. De acuerdo con la investigación, la agresión se originó en medio de una discusión relacionada con unas gorras de colección. La situación escaló de manera violenta y, en un aparente acto de intolerancia, los hoy imputados habrían atacado con arma cortopunzante a cuatro personas. Una de ellas perdió la vida en el lugar, mientras que las otras tres resultaron con heridas de gravedad.
Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial donde recibieron atención médica especializada. Mientras tanto, los agresores intentaban huir de la escena del crimen, pero fueron interceptados y capturados en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional.
Un fiscal del ente acusador imputó a Moreno Chaparro y Moreno Algarra los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambos agravados. Aunque los implicados no aceptaron los cargos, un juez de control de garantías avaló la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
El caso pone nuevamente en evidencia las consecuencias fatales que pueden surgir de los conflictos resueltos mediante la violencia. La Fiscalía y la Policía reiteran su compromiso con la justicia y la protección de la vida en todo el territorio nacional.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.