Valle del Cauca, Colombia, 28 junio de 2025.- Marco Emilio Jaramillo Penagos, firmante del Acuerdo de Paz y comunero en la zona rural del municipio de Florida, fue asesinado el pasado 27 de junio de 2025 mientras se dirigía hacia la zona del Llanito-Las Cañas. Según informes de Indepaz, sicarios en motocicleta interceptaron a Jaramillo en su trayecto y le dispararon, causándole la muerte de forma inmediata.
El excombatiente vivía en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Monterredondo, en el departamento del Cauca, donde avanzaba con su proceso de reincorporación a la vida civil. Además, participaba activamente en la Junta de Acción Comunal de la vereda Pueblo Nuevo, como parte de su compromiso con las comunidades locales.
Un firmante más asesinado en 2025
Con el asesinato de Marco Emilio Jaramillo, ya son 25 los firmantes del Acuerdo de Paz que han sido asesinados en lo que va del año, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). La entidad advirtió que este nuevo crimen refleja el grave panorama de seguridad que enfrentan quienes apostaron por la paz en Colombia.
Riesgos advertidos con anterioridad
La Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 002 de 2025, señalando que el territorio donde fue asesinado Jaramillo se encuentra en disputa por varias facciones armadas ilegales. Estas estructuras, como el Frente Adán Izquierdo y el Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC), así como el Frente 57 “Yair Bermúdez”, operan en la región impulsando economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.
Estas disputas han configurado un escenario mixto de consolidación territorial y confrontación armada, elevando el nivel de riesgo para excombatientes, líderes sociales y comunidades rurales.
Llamado urgente por garantías reales
Organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y entidades como Indepaz han reiterado el llamado al Estado colombiano para que garantice la vida y la integridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, quienes continúan siendo víctimas de un conflicto que debería estar en vía de superación.
A pesar de los compromisos asumidos en el Acuerdo de 2016, la persistencia de estructuras armadas ilegales y la débil respuesta institucional ponen en jaque el proceso de reincorporación y la legitimidad del Estado en las regiones más afectadas por la violencia.
A.U.