Fiscalía imputó cargos por secuestro y hurto agravado a patrullero activo
HUILA, COLOMBIA. (1 JUL 2025) – Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Huberth Leonardo Suárez Cárdenas, patrullero de la Policía Nacional, investigado por su presunta participación en la retención ilegal de tres ciudadanos y el hurto a una empresa de giros en el departamento del Huila.
Según reporta el medio La Fiscalía General De La Nación. La medida se dio tras la solicitud de una fiscal Gaula de la Seccional Huila, quien le imputó cargos por secuestro simple, hurto calificado y tentativa de hurto calificado, todos agravados. El procesado no aceptó los cargos.
Según la investigación, los hechos se remontan al 10 de marzo de 2024, cuando Suárez Cárdenas presuntamente orientó a un cómplice para que se dirigiera a la vivienda de las víctimas. Allí, tres integrantes de una familia fueron retenidos y amordazados mientras se les despojaba de las llaves del local comercial, joyas y otros objetos de valor.
Con las llaves en su poder, el hombre habría contactado al patrullero mediante videollamada. Suárez Cárdenas le habría dado instrucciones para ingresar a una empresa de giros y sustraer una caja fuerte que supuestamente contenía 500 millones de pesos.
La captura del uniformado fue realizada en Sibaté (Cundinamarca) por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo del Ejército Nacional. Las autoridades avanzan en la judicialización de todos los implicados en este hecho que pone en entredicho la conducta de miembros activos de la Fuerza Pública.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.