Presunto extorsionista habría exigido pagos mensuales bajo amenazas de secuestro
CAQUETÁ, COLOMBIA. (1 JUL 2025) – La Fiscalía General de la Nación adelanta acciones judiciales firmes contra la extorsión en el departamento de Caquetá, logrando en días recientes la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario contra un presunto extorsionista y la condena a 20 años de prisión de otro implicado en hechos similares.
En el primer caso, Carlos Alberto Moyano Mosquera fue enviado a prisión como presunto responsable del delito de extorsión agravada. Según la investigación, entre febrero y junio de 2025, Moyano habría exigido pagos mensuales que oscilaban entre 200.000 y 800.000 pesos a una víctima, utilizando diferentes líneas telefónicas y presentándose como miembro de un grupo armado ilegal. Las amenazas incluían advertencias de secuestro, lo que llevó al afectado a entregar un total de 6.200.000 pesos. El procesado no aceptó los cargos.
Por otro lado, un juez de conocimiento condenó a 20 años de prisión a Carlos Andrés Yara Trujillo, también por el delito de extorsión agravada. Una fiscal del Gaula de la Seccional Caquetá logró probar que, entre el 25 y el 27 de marzo de 2017, Yara Trujillo, junto a una mujer, llamó repetidamente a un hombre de 65 años en San Vicente del Caguán para decirle que tenían a un familiar suyo detenido por porte ilegal de armas. Le exigieron cinco millones de pesos, que la víctima entregó mediante giros. El juez también emitió orden de captura contra el condenado.
Estas decisiones judiciales reflejan los esfuerzos de la Fiscalía por combatir el delito de extorsión que afecta gravemente la seguridad y economía de los ciudadanos en esta región del país.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.