Bogotá y otras regiones del país eran destino final de la madera ilegal
Cimitarra, Santander. 01 de Julio de 2025. –La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis presuntos integrantes de una red ilegal que talaba de forma sistemática el bosque nativo del Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas, en Cimitarra, Santander.
Según el medio de la FGN. El grupo articuló operaciones para destruir hectáreas de ecosistemas protegidos mediante la tala indiscriminada de especies como ceiba, mócoro, escobón y cedro. Posteriormente, trasladaron la madera a centros de acopio para comercializarla en Bogotá, el Eje Cafetero y departamentos del norte del país como La Guajira.
Para mover la madera por carretera sin ser detectados, falsificaron salvoconductos y evadieron los controles ambientales. Este accionar afectó una de las zonas más sensibles ecológicamente del Magdalena Medio.
Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente presentó ante un juez de control de garantías a los presuntos responsables: Serbio Tulio Guarín Vega, Iván y Brayan Medina Bonilla, Genaro Castellanos Ruiz, Jorge Luis Flórez Guevara y Raúl Rincón Giraldo.
El ente acusador les imputó los delitos de concierto para delinquir y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. Cuatro de ellos manifestaron su intención de suscribir preacuerdos y deberán permanecer con medida de aseguramiento en sus domicilios. Los otros dos aceptaron los cargos durante la audiencia.
Con esta acción, la Fiscalía reafirma su compromiso con la defensa del medio ambiente y continúa la ofensiva contra las redes que promueven la destrucción de los ecosistemas estratégicos del país.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.