Santiago de Chile, 2 de julio de 2025.- La reciente desarticulación de una red de lavado de dinero vinculada a la organización transnacional Tren de Aragua en Chile fue calificada como un novedoso y «duro golpe» policial, pero más allá del éxito de la operación, el caso ha realzado un problema de fondo: la rigidez del secreto bancario en el país y la resistencia política a modificarlo, que ofrecen «ventajas» para el crimen organizado.
«La velocidad con que se mueven los recursos es muy rápida, tanto así que iniciada la investigación nos dimos cuenta de que necesitábamos una herramienta para ir al mismo ritmo de las transacciones que realizaban los imputados», dijo a Efe la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, que lidera parte de las indagaciones de la citada operación, en la que fueron detenidas 52 personas y se congelaron 13,5 millones de dólares.
Los esfuerzos por atacar el patrimonio de esta banda transnacional son coordinados por la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, que logró desarticular una red tendida a través de sociedades de papel, cuentas bancarias ficticias y transacciones en criptomonedas para blanquear el dinero que otros obtuvieron con delitos de sangre.
Según detalló el Ministerio Público, los recursos, distribuidos en más de 250 cuentas corrientes y billeteras digitales, congeladas por las autoridades, provenían de crímenes como la trata de personas, homicidios, secuestros, tráfico de migrantes, drogas y extorsiones, sumas que fueron a parar a Argentina, México, Ecuador, Colombia, España, Venezuela y Estados Unidos.
El caso resulta particularmente ilustrativo: además perfilar criminales insertos en el sistema bancario evidencia la complejidad financiera que utilizan estas organizaciones, aprovechando una brecha estructural que les permite mover millones sin detección ante la lentitud de las pericias económicas.
Junto con potenciar la coordinación interna y el traspaso de información al Ministerio Público, Wittwer afirmó que «se necesita que el levantamiento del secreto bancario sea en etapas anteriores, de forma que puedan dar origen a investigaciones por crimen organizado, como es en otros países».
Secreto Bancario, pantano político
Chile y Australia son los únicos países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo global que combate el lavado de activos, donde se requiere una autorización judicial para levantar el secreto bancario.
«En la mayoría de los casos, los flujos de dinero terminan en los sistemas formales como el bancario. Por lo tanto, para determinar con mayor precisión si hay algo irregular, debemos conocer la trazabilidad completa de la operación», explicó a Efe el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos Pavez.
Pese a que los reportes por sospecha por este delito aumentaron un 296 % en 2024, según los últimos datos publicados por la UAF, la flexibilización del secreto no avanza: en el Senado, la derecha rechazó en bloque un artículo que eliminaba esta barrera en marzo pasado; el Gobierno, por su parte, confirmó que insistirá en la medida.
Para establecer de dónde vienen los recursos y hacia dónde van, afirmó el director, el levantamiento del secreto bancario juega «un rol fundamental» no para sancionar, porque no es la labor de un organismo de inteligencia como el que dirige, sino para confirmar o descartar operaciones sospechosas que, de otro modo, permanecen opacas o trazadas a destiempo.
«Empresas criminales»
«Adaptabilidad» y «sofisticación» son conceptos recurrentes en especialistas policiales e investigadoras para describir a las estructuras criminales que operan en Chile.
Su evolución, comentó a Efe la académica e investigadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional de la Universidad de La Plata, Valeska Troncoso, ha dado paso a una «fragmentación» de sus estructuras, sumando múltiples actores a amplias cadenas logísticas dedicadas al delito.
«La profesionalización aquí es esencial. Tenemos una idea del crimen organizado ligada a un criminal periférico, pero hoy cuenta con personas insertas en la sociedad para blanquear dinero, siempre pensando en rédito económico, no destruir instituciones. Necesitan de la corrupción, de la impunidad y la coerción para poder funcionar», subrayó.
Consciente de este desarrollo está la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, que adoptó como parte de su estrategia «reconocer al delincuente organizado como un empresario, y a la organización en la que actúa como una empresa criminal».
«Asume modelos y estructuras propias del mundo de la industria y de los negocios», con la consecuente atención a cómo «evolucionan los mercados de capitales, los productos financieros y los servicios disponibles, viendo una oportunidad de utilizar dichos instrumentos en un ámbito ilícito», dijo a Efe el jefe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI, prefecto Johnny Fica.
Sebastián Silva
EFE