Fiscalía de Tolima imputó cargos por tráfico y concierto para delinquir
Ibagué, Tolima. 02 de Julio de 2025. –Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Cuatro Vientos’, señalado de liderar actividades de microtráfico en el barrio Centro de Ibagué.
Según el medio de la FGN. Un fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno de los capturados aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.
Las capturas se lograron durante tres diligencias de registro y allanamiento adelantadas por la Policía Nacional en los barrios Centro, Combeima y 20 de Julio de la capital tolimense.
Los procesados fueron identificados como José Saúl Rodríguez Tabares, William Yulián Rubio Rivera, José Reinel Murcia García, Johan Andrei Peñaloza Torres e Indira Liliana Cortés Flórez. Según las investigaciones, estos sujetos habrían hecho parte del grupo delincuencial desde 2024, dedicándose a la venta de marihuana y bazuco, principalmente en el sector denominado Las Escaleras de la Once.
Durante los procedimientos judiciales, las autoridades incautaron marihuana, cocaína y elementos usados para la dosificación y empaque de sustancias ilícitas, lo que refuerza las pruebas contra los capturados.
Este resultado hace parte del compromiso institucional por frenar el tráfico local de estupefacientes en zonas urbanas estratégicas de Ibagué y devolver la tranquilidad a los ciudadanos.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.