El exsecretario habría desviado más de 3.700 millones de pesos del municipio de Hispania
Hispania, Antioquia. 04 de Julio de 2025. –José Artagnan Jaimes Jaime, exsecretario de Hacienda del municipio de Hispania, fue judicializado por su presunta responsabilidad en un millonario desfalco a las finanzas públicas. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, tras valorar el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación.
Según el medio de la FGN. La investigación señala que, entre marzo de 2022 y diciembre de 2023, Jaimes Jaime habría desviado más de 3.781 millones de pesos mediante giros y transferencias virtuales desde cuentas oficiales del municipio hacia tres cuentas personales. Estas operaciones no contaban con los soportes exigidos, ni con los reportes en el sistema oficial de la alcaldía.
Además, se identificaron posibles falsificaciones en los informes bancarios, presuntamente para dificultar el seguimiento de las autoridades y la nueva administración municipal. Estas maniobras habrían sido utilizadas para ocultar la apropiación ilegal de los recursos.
El exfuncionario, de 52 años, fue capturado el pasado 1 de julio por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el municipio de Sabaneta. Durante las audiencias concentradas, no aceptó los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Antioquia.
La Fiscalía reafirmó su compromiso con la protección del erario público y advirtió que continuará adelantando investigaciones contra quienes se aprovechan de sus cargos para cometer delitos contra la administración.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.