Irregularidades superaron los $2.600 millones en dotación de equipos para cuidados críticos
Ibagué, Tolima. 11 de Julio de 2025. –En un nuevo avance contra la corrupción en la contratación pública, un juzgado del circuito de Ibagué emitió un sentido de fallo condenatorio contra Iván David Hernández Guzmán, exgerente del Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E., y Hernán Moreno Herrán, excoordinador de la Unidad de Cuidado Crítico. Ambos fueron hallados culpables del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Según el medio de la FGN. La Fiscalía demostró que, entre 2009 y 2011, los acusados firmaron tres contratos con la empresa Hernández Troncoso y CIA S en C para la dotación de equipos médicos. Comprometieron vigencias futuras sin contar con respaldo presupuestal ni legal. El contrato inicial, firmado en 2009, fue por $208.800.000. Luego, durante los años 2010 y 2011, se suscribieron dos adicionales por más de $2.600 millones. Estos últimos extendían el objeto del primero y se ejecutaban a cinco años con prórrogas anuales.
Las pruebas también establecieron que adjudicaron los contratos de forma directa, sin abrir licitación pública, a pesar de que la ley obliga a hacerlo cuando la cuantía supera los mil salarios mínimos mensuales. Además, Moreno Herrán elaboró el estudio de conveniencia y, posteriormente, fue nombrado supervisor del contrato, incurriendo en conflicto de interés.
La Fiscalía sostuvo que el contrato de 2009 fue un distractor. En realidad, desde un principio planificaron una contratación a largo plazo, sin cumplir los procesos establecidos.
La lectura de sentencia quedó programada para el 7 de noviembre del presente año.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.