El monto total comprometido en los negocios jurídicos fue de $8.671 millones
Bogotá, Colombia. 14 de Julio de 2025. –La Fiscalía General de la Nación imputó un nuevo cargo a Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por su presunta participación en el direccionamiento de contratos millonarios celebrados en Córdoba.
Según el medio de la FGN. Entre agosto y diciembre de 2023, Pinilla habría coordinado, junto a otros dos funcionarios, cinco contratos para proveer horas de maquinaria amarilla y volquetas. También habría gestionado las interventorías correspondientes para atender emergencias en Puerto Escondido, Moñitos, Canaletes, Ciénaga de Oro y Los Córdobas.
Las contrataciones alcanzaron los 8.671 millones de pesos. A pesar de ello, los contratistas no recibieron los recursos pactados.
Pinilla, presuntamente, aprovechó su cargo para aceptar, tramitar y avalar estas contrataciones. Lo hizo con proveedores que no estaban registrados en la base oficial de la UNGRD y que, según la Fiscalía, fueron seleccionados previamente por otro funcionario.
Durante la audiencia, un fiscal especializado le imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Pinilla no aceptó los cargos. El proceso continúa ante un juez de control de garantías.
Este caso se suma a otros episodios de presunta corrupción en la UNGRD. Las autoridades insisten en que seguirán judicializando a quienes hayan incurrido en conductas irregulares en el manejo de recursos destinados a la atención de emergencias.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.