Hamilton Romero, supervisor de seguridad, fue asesinado mientras se dirigía a Gaira
MAGDALENA, COLOMBIA. (17 JUL 2025) – Las autoridades confirmaron que el hombre asesinado la noche del martes en un atentado sicarial sobre la Troncal del Caribe, en el tramo que conecta Santa Marta con el barrio Gaira, era un supervisor de vigilancia identificado como Hamilton Romero.
De acuerdo con lo señalado por Santa Marta Al Día. De acuerdo con la información preliminar, Romero se desplazaba en una motocicleta marca Boxer de color negro, cumpliendo funciones relacionadas con su labor como supervisor de seguridad para una empresa privada ubicada sobre la Avenida del Libertador. Mientras se movilizaba, fue interceptado por dos hombres en moto. Uno de ellos, que iba como parrillero, desenfundó un arma de fuego y le disparó directamente en la cabeza.
El ataque fue certero y provocó la muerte inmediata de la víctima. El cuerpo de Romero quedó tendido sobre el pavimento, junto al vehículo en el que se trasladaba. La escena fue asegurada por unidades de la Policía Metropolitana de Santa Marta, quienes adelantaron la inspección técnica del cadáver.
Hasta el momento no se ha determinado el móvil del crimen, pero las autoridades judiciales manejan varias líneas investigativas, entre ellas, posibles retaliaciones personales o amenazas asociadas a su trabajo en seguridad privada.
La identificación plena de la víctima permitirá avanzar en los procesos judiciales para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho de violencia que impacta la seguridad del corredor vial entre Santa Marta y Gaira.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.