Bogotá, 18 jul – La esperanza de vida de una persona trans en Colombia apenas supera los 35 años, no por una condición biológica sino porque las matan. Ashley Jhoanna Ramírez, una joven bogotana, lo sabe bien: ha visto morir a tres de sus amigas antes de cumplir los treinta.
La historia de Ramírez, atravesada por la violencia y la exclusión, refleja una lucha cotidiana no solo por encontrar trabajo, sino por sobrevivir.
«Éramos un grupo de cinco chicas. Ahora solo quedamos dos porque a las otras o las mataron o están muertas por la vida de la calle», narra Ramírez en una entrevista con EFE en la que recordó su adolescencia y la violencia sufrida en las calles.
Tras el reciente homicidio de la activista Nawar Jiménez, asesinada en un municipio del departamento norteño de Bolívar, organizaciones como Caribe Afirmativo, que trabaja por los derechos de las personas LGTBI en Colombia, se preguntan cuándo dejará de repetirse esta historia que solo en 2024 se cobró la vida de más de 160 personas.
Trabajar, resistir, sobrevivir
Ashley Jhoanna Ramírez tenía 14 años cuando empezó a realizar actividades sexuales pagadas. Esta es la única estrategia de subsistencia para el 89 % de mujeres trans en Colombia que enfrentan la falta de oportunidades y la exclusión estructural del país, según el último informe de Caribe Afirmativo.
«Yo creo que el miedo de la mayoría de personas con experiencias de vida trans es que una siempre piensa que va a ser prostituta, ladrona, o peluquera», explica Ramírez en la sede de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans (GAAT).
En GAAT se encarga, desde hace cuatro años, de gestionar el banco de currículums del programa ‘Talento Trans’, que a través de convenios con empresas busca ayudar a los candidatos a encontrar trabajo.
La joven, que forma parte del pequeño porcentaje de personas trans que tiene un contrato formal, compagina su puesto en la fundación con un trabajo como ‘modelo webcam’.
A causa de abusos por parte de sus compañeros y profesores, Ramírez tuvo que cambiar de colegio hasta cuatro veces: «Estuve muy expuesta al ‘bullying’, a las burlas de los compañeros y al matoneo», explica.
Salir del ‘Bronx’
La situación se agravó durante su adolescencia, cuando fue retirada de las calles por el Estado: «Yo soy una de las personas que sacaron del operativo del Bronx, lo que era antiguamente ‘La Ele’ (una intersección bogotana de dos calles del centro marcada por su alta criminalidad). Como era menor de edad, alguna entidad tenía que hacerse cargo de mí. Me internaron y pude terminar el bachillerato», recuerda.
Finalmente, la joven accedió al Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y Juventud (Idipron), lo que le permitió acabar el bachillerato y lograr su primer trabajo a los 19 años.
El Idipron, organismo encargado de proteger a menores en situación de vulnerabilidad, busca oportunidades para los jóvenes a través de convenios con el objetivo de que desarrollen habilidades laborales y obtengan recursos propios mientras terminan sus estudios.
Sin embargo, los obstáculos no terminaron cuando finalizó sus estudios. Ashley cuenta que el año pasado, cuando trabajaba como coordinadora de un internado, se vio obligada a abandonar el puesto debido a agresiones que sufrió por parte de sus compañeros.
Una ley para vivir más allá de los 35
Colombia dio un paso significativo en la protección de los derechos de las personas trans en julio pasado cuando la Cámara de Representantes aprobó 23 de los 50 artículos del proyecto de Ley Integral Trans.
Esta iniciativa fue promovida por «las comunidades y organizaciones sociales que se han unido para sacarla adelante» y «ayudaría a nivel estructural», según explica la trabajadora de la Fundación GAAT, quien también ha denunciado la impunidad ante los crímenes cometidos en los últimos meses.
En abril de 2025, el asesinato de Sara Millerey, una activista trans que fue torturada y arrojada a una quebrada en el noroeste del país, indignó a la sociedad colombiana después de que el crimen se grabara y publicara en redes sociales.
El proyecto de Ley Integral Trans, que se está tramitando en el Congreso en un momento marcado por casos de extrema violencia contra la población LGTBI del país, propone rutas específicas de acceso a la salud, la educación y el trabajo.
Carlota Mendoza
EFE