Antioquia, Colombia, 7 agosto de 2025.- La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) lanzó una grave denuncia sobre el manejo de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según la ONG, la entidad está desmantelando esquemas de seguridad sin estudios técnicos, sin análisis serios de riesgo y en abierta violación de órdenes judiciales, dejando expuestas a personas en alto riesgo, especialmente líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Corpades sostiene que en Colombia —considerado el país más peligroso del mundo para ejercer la defensa de derechos humanos— los crímenes no empiezan con un disparo, sino con malos análisis de riesgo y decisiones administrativas que recortan medidas de protección.
Un caso que refleja un patrón
El caso más reciente involucra a un líder social del Bajo Cauca, región bajo control de grupos armados ilegales. Durante años, ha sido víctima de amenazas directas, seguimientos, extorsiones y hostigamientos. A pesar de que su nivel de riesgo fue calificado como extraordinario, la UNP redujo su esquema de seguridad a un solo escolta y lo obligó a movilizarse en transporte público.
El afectado recurrió a la justicia y el 2 de julio de 2025 el Juzgado Civil Laboral del Circuito de Caucasia le dio la razón, ordenando restablecer el vehículo blindado y el escolta retirados, así como realizar un nuevo estudio técnico considerando las amenazas denunciadas, el contexto territorial y los riesgos específicos.
Sin embargo, más de un mes después, la orden sigue sin cumplirse. El 1 de agosto, ante el incumplimiento, el juez emitió un auto por posible desacato contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, y la subdirectora de Evaluación del Riesgo, exigiendo explicaciones y advirtiendo posibles consecuencias legales.
Desprotección sistemática
Corpades asegura que este no es un caso aislado, sino parte de un desmonte sistemático de esquemas de seguridad que afecta a cientos de personas protegidas. Bajo la actual dirección de la UNP, las reducciones de medidas se realizan sin estudios rigurosos, sin análisis de contexto y sin consulta previa con las víctimas.
En muchos casos, el argumento para recortar esquemas es que las amenazas no han sido plenamente investigadas por la Fiscalía, ignorando que más del 90% de las amenazas contra líderes sociales en Colombia permanecen en la impunidad y que muchas terminan en homicidios.
La situación ha llegado a tal punto que el Tribunal Superior de Antioquia confirmó la sentencia de primera instancia contra la UNP, señalando que la entidad actuó sin sustento técnico, violó el debido proceso y omitió analizar variables clave como la capacidad de los grupos armados, la ubicación geográfica del protegido y su nivel de visibilidad pública.
Revictimización desde el Estado
El líder afectado, cuyo nombre se omite por seguridad, fue amenazado con arma de fuego el 9 de junio mientras viajaba entre Medellín y Caucasia, recibió llamadas extorsivas de presuntos grupos armados y mensajes intimidatorios con referencias directas a su domicilio. Pese a estas evidencias, la UNP le recortó el esquema de protección.
Para Corpades, esto demuestra que el sistema de protección no solo falla en su misión, sino que revictimiza a las personas que debería proteger. “Cada reevaluación del riesgo se ha convertido en una amenaza en sí misma”, afirma la organización, al referirse al lenguaje burocrático repetitivo con el que la UNP justifica recortes: “no se evidencia materialización de la amenaza”, “el evaluado no se encuentra en el RUV”, “no hay pronunciamientos de la Fiscalía”.
¿Dónde están los organismos de control?
Corpades cuestiona la inacción de la Procuraduría y de otras entidades que deberían garantizar el cumplimiento de fallos judiciales y velar por los derechos humanos. Acusa a la UNP de ignorar deliberadamente las órdenes judiciales y señala directamente como responsable al actual director, Augusto Rodríguez Ballesteros.
La ONG también envió un mensaje al presidente Gustavo Petro, recordándole su compromiso con la defensa de la vida y preguntando por qué en su gobierno se permite que funcionarios actúen de manera “peligrosa, inhumana e irresponsable”.
Un llamado urgente
Para Corpades, la seguridad de quienes defienden derechos humanos no puede depender de la ineficiencia estatal ni del cálculo presupuestal. Reclama actos concretos, voluntad política y protección real:
- Cumplir fallos judiciales de manera inmediata.
- Garantizar estudios técnicos de riesgo con enfoque territorial.
- Evitar reducciones arbitrarias de esquemas.
- Fortalecer la vigilancia de los organismos de control.
“Proteger no es una opción, es una obligación”, concluye la ONG, advirtiendo que mientras no haya acciones contundentes, el miedo seguirá creciendo y los liderazgos territoriales seguirán siendo blanco de la violencia.
A.U.