La Procuraduría General de la Nación suspendió por 3 meses en el ejercicio del cargo al alcalde de Concepción, Antioquia, Henry Alberto Puerta Franco (2016-2019), por intervenir en la celebración de un contrato con una persona que se encontraba inhabilitada.
La decisión también cobijó con destitución del cargo e inhabilidad general de doce años a la secretaria General y de Gobierno, Silvia Nury González Gil, porque actuó dentro de un proceso de contratación en el cual tenía interés su hija, con lo que violó el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, además que no se declaró impedida oportunamente para realizar la supervisión de este.
La Procuraduría Provincial de Rionegro comprobó que Puerta Franco suscribió el contrato No. 048 de 2018, con Katherine González Gil, cuyo objeto fue la prestación de servicios como monitora deportiva para el fortalecimiento de actividades recreativas, lúdicas y de actividad física en el municipio por un valor de $3.150.000 pesos para ejecutarlo en un plazo de 2 meses y 15 días, desconociendo el artículo 8 de la Ley 80 en el que se establecen las inhabilidades e incompatibilidades.
El ente de control calificó la conducta de Puerta Franco como falta grave, a título de culpa grave, por inobservancia del cuidado necesario en sus actuaciones como alcalde, al no consultar si existía inhabilidad alguna para contratar con la ciudadana en mención.
Así mismo, la conducta de González Gil fue calificada como gravísima, a título de culpa gravísima, porque afectó los principios de moralidad e imparcialidad públicas y violó los artículos 40 de la Ley 734 de 2002 y 11 de la Ley 1437 de 2011, sobre conflicto de intereses y causales de impedimento.
Contra la presente decisión el alcalde municipal no apeló el fallo en primera instancia, por lo que la decisión quedó en firme. Por su parte, González Gil y su apoderado presentaron el correspondiente recurso que será resuelto por la Procuraduría Regional de Antioquia.
