Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 30 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento intramuros contra el teniente coronel retirado y exjefe del Batallón de Servicios Número 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, Harol Felipe Páez Roa, como presunto responsable de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Con la misma decisión fueron afectados el excapitán Guerly Alexánder Carrera Arias y el contratista Samir Fernando García Buitrago.
El fallador también dictó medida de aseguramiento en su lugar de domicilio en contra del contratista Jaime Alberto Ramírez Díaz, el capitán y supervisor de contratos Jonathan Bonilla Bonilla, el teniente coronel activo y supervisor de contratos Alexánder Carvajal Urquijo, el mayor en ejercicio y jefe de presupuesto del Batallón de servicios Edwin Eduardo Carrillo Pacheco, así como el sargento primero y almacenista Jhon Henry Roncancio Rodríguez.
Frente a Ana Lucía Posada Valencia, contratista y esposa de García Buitrago, el juez se abstuvo de imponer medida de aseguramiento y ordenó su libertad inmediata, pero continúa vinculada al proceso por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, en calidad de interviniente.
La libertad de la señora Posada Valencia se produjo porque los investigadores establecieron que García Buitrago, su compañero sentimental, sería quien al parecer falsificó su firma en numerosas oportunidades para celebrar y ejecutar los contratos.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, durante los meses de marzo, abril y mayo del año 2016, Páez Roa, quien fungía como ordenador del gasto del citado batallón, habría favorecido con millonarios contratos a las empresas Distrilogística PG S.AS., representada legalmente por la señora Posada Valencia; al Almacén El Infante, representada por el excapitán del Ejército, Guerly Alexánder Carrera Arias, y Motovehículos S.A.S, cuyo representante legal era Jaime Alberto Ramírez Díaz, para que suministrara a esa unidad militar, servicios y bienes para su funcionamiento.
Los investigadores del CTI determinaron que a dichas empresas les habrían entregado, de manera anticipada, información privilegiada para que se quedaran con los citados contratos, a cambio de entregar al oficial el equivalente al 10% de los convenios. Se estableció además que en numerosas ocasiones se habrían falsificado documentos públicos, como actas y planillas, para quedarse con los millonarios contratos.
Ninguno de los procesados se allanó a los cargos imputados. El delegado de la Procuraduría y los defensores de todos los afectados con medidas restrictivas de la libertad apelaron la decisión de primera instancia ante los jueces penales del circuito de Medellín.
