Transporte puerta a puerta en camionetas blindas, escoltas armados, guías para moverse en las selvas y hasta servicio de ‘catering’ en exclusivos lugares privados para cerrar negocios. Este es parte del portafolio que grupos criminales asentados en el sur del país les vienen ofreciendo a capos mexicanos para que viajen directamente a Nariño, Valle y Cauca a negociar coca de máxima calidad sembrada en al menos 60.000 narcohectáreas.
Las organizaciones que arman estos paquetes ilegales ‘todo incluido’ para mafiosos (algunos de nacionalidad rusa) son conocidos en la región como ‘los Machos’, ‘los Buenaventureños’, ‘la Local’ y ‘la Empresa’.
Algunos no tienen cabezas visibles, pero poseen armas y controlan cultivos y cocinas en donde se procesa el alcaloide.
Además, son el principal eslabón de una cadena que mueve la mayor parte de la droga que Colombia produce en esa zona y, a la vez, están sembrando el terror en el sur del país.
Fuentes locales le aseguraron al periódico El Tiempo que sus clientes son miembros de carteles como el de Sinaloa, los Zetas o Jalisco Nueva Generación. Pero también reciben a capos europeos.
“Cuando el clorhidrato de cocaína es movido hasta el Pacífico, allí sí hay grupos internacionales, particularmente mexicanos y hasta rusos, interesados en lo que sale de los corredores del Naya y de Micay”, le confirmó a EL TIEMPO el gobernador del Cauca, Óscar Campo.
Y su par del Valle, Dilian Francisca Toro, ratificó que la misma población les ha dicho que hay mexicanos que llegan hasta la parte alta de poblaciones como Jamundí –donde ya hay grandes narcocultivos– a negociar la salida de cargamentos.
¿Financian crímenes?
“Incluso, nos han dicho que también van por Candelaria y Florida, lo cual estamos verificado con el Ejército Nacional y con la Policía. Pero hasta ahora no se puede hablar de que en la región tengamos un cartel radicado”, advirtió la gobernadora Toro.
Sin embargo, para la Defensoría del Pueblo sí hay evidencia de que estructuras mexicanas ya están enquistadas en el Pacífico colombiano.
De hecho, líderes locales les dijeron a reporteros de este diario que en las últimas semanas empezó a circular la versión de que los mexicanos estarían financiando asesinatos de líderes indígenas y campesinos que se oponen a los narcocultivos.
El rumor tomó fuerza tras los asesinatos de Enrique Guegia, alguacil y médico tradicional del Resguardo Indígena de Tacueyó, y de Eduardo Tumbó, líder de la vereda El Vergel, en Caloto, el pasado fin de semana.
Y un par de días antes había caído asesinado Gersain Yatacué, coordinador de una guardia indígena de Toribío.
Pero las autoridades departamentales aún no se quieren casar con esa tesis, a pesar de que la propia Fiscalía ha reportado la presencia de miembros de la mafia mexicana en al menos 10 departamentos del país, incluidos Córdoba, Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Cauca y Valle.
Se sabe que, en el sur, han llegado a municipios como Toribío, Morales, Buenos Aires, Bolívar, Sucre, Argelia y Patía, en el Cauca; en Jamundí, Candelaria y Florida, en el Valle, y en zonas de Tumaco y Leiva, en Nariño.
Incluso, se investiga si han logrado penetrar poderes locales y si tendrán injerencia en las próximas elecciones.
En la zona recuerdan que hace casi un año se capturó con fines de extradición al exconcejal de Timbiquí, Cauca, Rubén Valencilla, contacto en el terreno de emisarios de Sinaloa.
“Los capos que se ven no son hombres de bigote que, con sombreros de charros y pistolas, se pasean por ahí cantando rancheras y comprando coca. Se mimetizan como turistas, hacen sus negocios y se van. Siempre son diferentes”, aseguró una fuente de la región.
Y la tesis la respaldó Camilo González, de Indepaz: “Son agentes financiadores que vienen a garantizar el negocio a través de sus enlaces”. Su ‘modus operandi’ pareciera sencillo y difícil de detectar.
Las bandas que los reciben en los puertos los ponen de inmediato en contacto con emisarios de estructuras más poderosas.
Entre ellas están la disidencia del sexto frente de las Farc, que ahora se hace llamar ‘Dagoberto Ramos’; la de la otrora columna ‘Jacobo Arenas’, que se rebautizó como ‘Carlos Patiño’, y comandos del Epl y Eln.
“El gran comprador del Pacífico es el cartel de Sinaloa. Muchas de las disidencias intentan que les paguen con armas, que sabemos los carteles sacan desde Estados Unidos hacia México, al desierto de Sonora, para desde allí distribuirlas hacia Centro y Suramérica”, dijo Néstor Rosanía, del Centro de Estudios en Seguridad y Paz.
El periódico El Tiempo estableció que ya se han hecho consejos de seguridad entre autoridades locales y militares para analizar este fenómeno criminal.
Rastro en Catatumbo
De hecho, el comandante del Ejército, Nicacio Martínez, reconoció esta semana que en el Catatumbo –donde Human Rights Watch advirtió que hay una guerra derivada del narcotráfico– también hay presencia de enlaces de carteles mexicanos.
Por eso, investigadores del conflicto como Fernando Quijano piden que se hable con más claridad “para saber a qué se enfrenta el país”. La preocupación es tal que desde la Iglesia católica se lanzó una alerta.
Monseñor Darío de Jesús Monsalve, de la Arquidiócesis de Cali, le aseguró a EL TIEMPO que el país requiere una veeduría extranjera.
“Se necesita esa auditoría a nuestras instituciones, para que el pueblo tenga certeza de que no están permeadas por la ilegalidad. No podemos seguir así. Una sociedad no se puede quedar quieta mientras matan su esperanza de paz. Lo peor es que no sabemos qué hacer ni a quién hablarle”, puntualizó el alto prelado.
Tomado de El Tiempo
