Es sencillo, quienes proponen la ley son los mismos que no quieren que se conozcan sus fechorías. Por ello incluirán en la ley que busca aumentar las penas a los corruptos un artículo para enviar a prisión a fuentes que entreguen a periodistas información considerada “secreta”.
Así nadie dará información a los periodistas y quedará impune toda actividad ilegal que servidores realicen en el sector público. Si nadie se entera, nadie investiga, nadie va a prisión. La corrupción no aumentó, solo se está “ventilando” como nunca antes.
Así se limita el ejercicio del periodismo, ya de por sí bastante pauperizado, profesión convertida en oficio por la Corte Constitucional.
El artículo contempla que fuentes que filtren a periodistas aquella información considerada “secreta” irían a prisión. Se trata del artículo 28 que modifica la ley 599 de 2000 y que señala:
“Revelación de Secreto. El servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantenerse en secreto o reserva, incurrirá en pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de veinte (20) a ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por diez (10) años”.
Por este asunto, existe controversia entre algunos congresistas que señalan que este artículo no estaría encaminado a combatir la corrupción, sino que, por el contrario, buscaría evitar que información sensible que pueda denunciar corrupción se filtre.
Con información de La W Radio
