El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene en sus manos un tema sensible y millonario que impacta directamente en el bolsillo de los colombianos.
A través de una acción popular, la Procuraduría le está pidiendo potenciar y ampliar el control de precios de venta de medicamentos, tras documentar decenas de sobrecostos que superan el 500 por ciento.
Además, solicita que la cartera y superintendencia de Salud, la Comisión Nacional de Precios, el Ministerio de Comercio y particulares respondan por la violación a esa regulación; y que se determine qué hacer con 20 mayoristas que habrían comercializado muy por encima del tope legal, fármacos incluidos en el listado de 1.922 vigilados.
A través de mecanismos legales, el periódico El Tiempo tuvo acceso a los nombres de los fármacos cuyos precios estarían siendo violados y hay desde anticancerígenos hasta antipsicóticos.
En efecto, en ese grupo está el Kaxel, de 500 miligramos, tableta o cápsula. Se trata de un anticancerígeno cuyo precio se estableció en 5.493 pesos pero que se estaría vendiendo en 646.500 pesos, según información oficial.
También figura el Risperdal, antipsicótico en dos presentaciones: tableta de un miligramo y solución oral de 30 mililitros.
La Procuraduría dice que su precio regulado es de 13.044 pesos, pero que se ha llegado a comercializar en 287.105 pesos.
Otro de los que clasifica en la lista de sobreprecios es el Concor de 2,5 miligramos, en presentación de cápsula por 30. Este se usa para tratar la insuficiencia cardiaca y tiene un costo de 8.742 pesos. Sin embargo, hay facturas que se verifican por 65.194 pesos.
Además, figura el medicamento para reducir la presión en casos de glaucoma, que se conoce como Louten. De acuerdo con el Ministerio Público, el precio máximo autorizado para venta es de 17.179 pesos, aunque se habría facturado a 104.114 pesos.
Otro de estos 12 fármacos con sobrecostos es el antihipertensivo Micardis, que en la presentación de 80 miligramos en cápsula por 28 se autoriza a cobrar 24.259 pesos.
Pero se han encontrado facturas de hasta 248.304 pesos. Algo similar pasa con el Atacand, otro antihipertensivo que se puede comercializar a 13.999 pesos, y por el que se ha cobrado 185.650 pesos.
Estos son los medicamentos y su porcentaje de sobrecosto
¿Un error?
También figuran los anticonceptivos Minipil y Microgynon, al igual que el tratamiento del reflujo Nexium.
La Procuraduría le aseguró al periódico El Tiempo que los datos que sustentan su acción legal emanan de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.
Se trata de una entidad cuya secretaría técnica la ejerce el Ministerio de Salud y se alimenta de los datos del Sistema de Información de Precios de Medicamentos (Sismed). A esta herramienta la nutren las comercializadoras de medicamentos.
De hecho, la información recaudada se le envió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para que analice si es necesario imponer sanciones y exigir el reintegro de los dineros que se cobraron de más.
En la SIC –a corte del 8 de agosto de 2019– hay en trámite 289 investigaciones por este tipo de casos. Además, entre 2016 y 2019 impuso multas que ascienden a 67.000 millones de pesos, pero estas no contemplan reintegros y hasta ahora no se relacionan con los mayoristas mencionados por la Procuraduría.
Reporteros de este diario también tuvieron acceso a ese listado y encontraron a reputadas distribuidoras, pequeños negocios regionales y cadenas de droguerías de renombre.
Se buscó a representantes, abogados y voceros de cada uno de los mencionados en la acción popular para que explicaran por qué fueron incluidos, con nombre propio, en ese listado, aunque al menos 19 de ellos no aparecen entre los accionados dentro de la acción popular.
Solo una, que habría cobrado un 900 por ciento por encima del valor permitido del medicamento Lantus –usado para el tratamiento de la diabetes–, admitió que cometió un error, pero de digitación: “Lo que tengamos que explicar y corregir lo haremos”.
El resto de voceros dijeron que no conocen oficialmente la acción popular, revelada hace 17 días por el periódico El Tiempo. Además de que se trata de un error de la información oficial. Y hablaron incluso de interponer acciones legales en caso de que sus nombres sean asociados a los sobrecostos.
“La mención debe obedecer a un error en la metodología del recaudo de la información”, dijo uno de los voceros.
La preocupación de la Procuraduría, que se ratifica en la información, es que el Estado termina asumiendo esos sobrecostos con dineros públicos a través de las compras por canales institucionales del sector salud.
«También ha sido evidenciada la inoperancia del Sistema de Control de Precios de Medicamentos (SCPM), por cuanto no controla ni el universo de la facturación ni la exactitud de los reportes de facturación con precio máximo y mínimo respecto de las ventas de medicamentos sometidos a control de precios por parte de la Comisión Nacional, configurándose en una falla en el control», asegura la procuraduría en su acción popular.
Desde el Ministerio de Salud dijeron que están preparando argumentos adicionales que deben entregar por la acción popular de la Procuraduría.
Y agregaron que también van a contestar la demanda ante el Consejo de Estado que se interpuso para tumbar la lista de control de precios, y allí estarían las respuestas a las inquietudes que plantean los mayoristas que hoy amenazan con acciones legales a quienes las nombren.
Demanda para ‘tumbar’ control de precios
Ibarra Abogados demandó la resolución 243 de 2019, que definió la metodología para calcular el valor máximo de venta de medicamentos no incluidos en el POS.
“Fue una iniciativa propia porque se estaba violando la abogacía de la competencia expidiendo medidas a rajatabla que terminan perjudicando a los pacientes. Es la defensa del orden jurídico, así sea una demanda impopular”, dijeron.
Ya fue admitida y está en el despacho del consejero Hernando Sánchez, que estableció como plazo el 28 de octubre para que las partes involucradas presenten sus alegatos.
Tomado de El Tiempo
