Entre mayo y julio del año pasado, siete mujeres fueron violentadas sexualmente en el occidente de Medellín.
El agresor, tiempo después determinaron las autoridades, tenía un modus operandi establecido: actuaba en el mismo sector, tenía un horario definido (entre 10 de la noche y cinco de la mañana), hurtaba las pertenencias de sus víctimas y las amenazaba de muerte con arma blanca.
El hombre, identificado como Wílber Stiven Moreno Córdoba, fue capturado en septiembre del 2018 por hurto, y al verificar sus antecedentes, se constató que gozaba del beneficio de casa por cárcel, pero no se tenía indicios de que se tratara de un violador en serie “porque no existía una base genética o de perfiles que nos permitiera unificar los casos”, dijo un investigador de la Policía del Valle de Aburrá.
Moreno fue identificado como el agresor sexual en medio de la investigación –que adelantaban la Policía y la Fiscalía– porque en su casa se encontraron las pertenencias de sus víctimas de abuso sexual.
El hombre reconoció –para lograr una rebaja de la pena– que era el violador, por lo que está condenado a 30 años de prisión. Pena que, de acuerdo con la Fiscalía, es la más alta impuesta a un violador en serie en el país.
El 95 por ciento de los casos de violencia sexual en Colombia no pasan de la etapa de indagación, según un informe de la organización Sisma Mujer de mayo de este año.
Ese nivel de impunidad podría bajar radicalmente con la base de datos genéticos con fines criminales que Medicina Legal tiene lista y cuya creación quedará en firme esta semana.
Así se lo confirmó al periódico El Tiempo la directora de esa entidad, Claudia Adriana García Fino, quien quedó con una tarea encomendada por el presidente Iván Duque hace dos meses, cuando el jefe de Estado presentó la Alianza Nacional contra la Violencia hacia las Niñas, Niños y Adolescentes. Su tarea, explica, se materializa en esta base.
Se trata de un sistema de información con el que el Instituto de Medicina Legal podría, a través del cruce de perfiles genéticos, identificar casos de agresores sexuales en serie. Esto, al encontrar coincidencias entre las muestras recuperadas de distintas víctimas, incluso si los hechos ocurrieron en ciudades diferentes.
En la base estarían incluidos los perfiles genéticos de los agresores sexuales recuperados directamente del cuerpo de las víctimas, así como aquellos que se recuperen de las escenas de los crímenes, tales como cabellos, sangre, semen, saliva o cualquier otra muestra biológica.
La funcionaria explica que no solo se pueden cruzar datos de víctimas, sino también de lugares. Es decir, un fiscal podría afirmar con certeza que un indiciado estuvo en el lugar donde alguien fue atacado sexualmente gracias a su perfil genético.
“Les hemos dejado la carga de la prueba en los delitos sexuales a las víctimas: si dicen o no la verdad, si cambian o no su versión, si se retractan o no se retractan, si tienen o no secuelas. Con esta base, la carga de la prueba se le deja a la ciencia, como debe ser”, explica la funcionaria al frente de Medicina Legal.
En lo corrido del 2019, hasta agosto, el Instituto hizo 17.259 exámenes por presunto delito sexual, de los cuales 14.837 fueron a mujeres y 2.422 a hombres.
En todo el 2018 fueron 26.059 los exámenes practicados. García Fino calcula que de estos, entre el 30 y el 35 por ciento arrojan muestras biológicas de los agresores sexuales. En otros casos, cuando no se trata de casos de ocurrencia reciente, suele ser difícil recuperar material biológico.
Según la presentación de la alianza lanzada por el Presidente y encomendada al Instituto de Bienestar Familiar, el 88 por ciento de las víctimas de violencia sexual el año pasado fueron niños, niñas o adolescentes, mientras que el 45 por ciento de los presuntos agresores fueron familiares.
Una base, no un banco
Todas las muestras nuevas que sean tomadas por Medicina Legal serán ingresadas a la base de forma automática y, en retrospectiva, 25.000 muestras que ya tiene el Instituto serán registradas en la base. Sin embargo, García aclara que no se trata de un banco de perfiles genéticos. En un banco se podrían almacenar perfiles de indiciados y condenados, pero para eso se requeriría que se apruebe por ley estatutaria. La base, por ahora, no los incluye.
En el Congreso de la República cursa actualmente, por cuarta vez, un proyecto de ley que busca crear el Banco Nacional de Datos Genéticos para delitos sexuales y de alto impacto. Ya fue aprobado por unanimidad en primer debate y se espera su paso a la plenaria de la Cámara.
Sin esa ley, Medicina Legal solo puede obtener muestras de presuntos agresores con orden de un juez de control de garantía, mientras que para la base de perfiles no hay limitación legal. En esta están incluidas muestras provenientes de cadáveres –pues también puede ayudar a esclarecer homicidios– y de víctimas vivas de delitos sexuales. “Tenemos las muestras de los cadáveres porque las tomamos cada vez que hacemos necropsias, y también tenemos las de las víctimas de delitos sexuales”, explica García.
No obstante, para poner en marcha la sistematización de toda la información de perfiles genéticos antigua y nueva, Medicina Legal necesita una partida presupuestal adicional por 10.000 millones de pesos, idealmente, o de 5.000 millones para por lo menos arrancar, según cálculos de la entidad. García Fino explica que este dinero no se destinaría a contratar nuevo personal, sino, sobre todo, a comprar los reactivos necesarios para generar los perfiles genéticos.
Esta herramienta sería clave en miras de cumplir con el objetivo que se planteó Duque de reducir para el 2022 la tasa de violencia contra la niñez en 14,3 por ciento, pero también para resolver más crímenes sexuales, de los que las principales víctimas siguen siendo menores de edad y mujeres.
Tres depredadores que confesaron sus crímenes
Luis Alfredo Garavito, conocido como la Bestia o el Monstruo de Génova, está preso en la cárcel de máxima seguridad de la Tramacúa, donde purga una condena de 40 años de prisión.
Garavito está sindicado de la muerte de por lo menos 170 menores de edad; de estos crímenes, 138 se comprobaron porque los confesó. Su estela de terror empezó a escribirla en 1992, no solo en Colombia, también hay reportes de sus homicidios en Ecuador y Venezuela.
Fue capturado 7 años después, y es considerado uno de los mayores asesinos en serie del mundo, con el agravante de que abusaba sexualmente a sus víctimas.
La captura de Garavito se concretó en Villavicencio, en el momento en que pretendía abusar de un menor de edad, quien huyó gracias a la intervención de un habitante de calle. Su testimonio fue la base para privarlo de la libertad, pero se desconocía el récord de sus crímenes.
Un caso similar es el de Manuel Octavio Bermúdez Estrada, a quien llaman el Monstruo de los Cañaduzales, condenado a 40 años de prisión. Bermúdez abusaba sexualmente a sus víctimas –desde la década de los 90–, pero empezó a asesinarlas en el 2002, emulando a Garavito.
Al hombre se le comprobó el asesinato de 34 menores; tan solo en 2002 se registró la desaparición de 11 niños entre los 9 y los 13 años en Palmira, Valle, lugar de su residencia en ese momento.
Daniel Camargo Barbosa confesó que violó y asesinó a 71 mujeres en Colombia y Ecuador entre 1964 y 1986. Él fue asesinado en la cárcel en 1994 por el familiar de una de sus víctimas. El acervo probatorio contra Camargo se logró establecer porque confesó y documentó cada uno de sus crímenes.
Estos depredadores sexuales y asesinos en serie no fueron detectados a tiempo por las autoridades porque no había un hilo conductor que los hiciera visibles, cada crimen se tomaba como aislado, por la falta de tecnología para la época y por la inexistencia de una base de datos que se pudiera consultar a nivel nacional que facilitara concatenar los indicios sobre cada expediente.
Precisamente, con la base de datos genéticos de Medicina Legal –que se podrá consultar y alimentar por la Policía y la Fiscalía en tiempo real– se podrá establecer una línea investigativa que facilite identificar el accionar criminal de una persona –ligados a uno o varios casos– de acuerdo a cada investigación que se vaya adelantando.
De esta forma, si se recopila una prueba de ADN en la investigación de una violación en Bogotá y al paso de un tiempo se recupera una muestra igual en Fusagasugá y otra en Cali, los investigadores tendrán un patrón que permitirá unir las tres investigaciones, y podrán determinar, de acuerdo al trabajo en cada unidad, un modus operandi y un perfil del violador.
Esto podría permitir la identificación de manera más ágil y eficiente el accionar de un pedófilo, un violador o asesino serial, lo que contribuye a salvar vidas.
Tomado de El Tiempo
