El magistrado Andrew Martínez declaró nulo el Acuerdo expedido por el Concejo Municipal de Jericó, Antioquia, que prohibía la minería en ese municipio.
El mismo magistrado, del Tribunal Administrativo de Antioquia, manifestó que se compulsarían copias a la Fiscalía y la Procuraduría para que inicien sendas investigaciones contra el alcalde Jorge Andrés Pérez y cinco concejales, quienes se mostraron inconformes con la decisión y se habrían extralimitado en sus funciones y desafiaron la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el entendido que los municipios carecen de potestad para prohibir actividades mineras en su territorio.
Ya en 2017 tanto el alcalde como los concejales habían prohibido la minería con los mismos argumentos y en aquel entonces también la autoridad competente dejó sin efectos un decreto regulatorio.
La decisión fue apelada y ahora será revisada en el Consejo de Estado, instancia que se ha manifestado al respecto aclarando que mediante decretos y acuerdos no se puede regular el uso y destinación del suelo.
Lo que dijo la Gobernación
Al respecto, la Gobernación de Antioquia señaló que esta es la oportunidad para trabajar de manera conjunta con inclusión, ética y compromiso.
“Desde la Gobernación de Antioquia impulsamos y promovemos la explotación de minerales como aliada de crecimiento y desarrollo para los municipios, como dinamizador de la economía del territorio antioqueño”, indicó en un comunicado.
Y a renglón seguido, manifestó: “En nuestro cumplimiento de las funciones delegadas por la Autoridad Minera Nacional para otorgar títulos mineros dentro del territorio antioqueño, acatamos la decisión tomada el por el Tribunal Administrativo de Antioquia de anular el Acuerdo Municipal No. 010 de 2018 “Por el cual se buscaba prohibir el desarrollo de actividades mineras en el municipios de Jericó”.
La Gobernación cree que esta es la oportunidad para demostrar que la minería es posible e importante para la economía tanto de los municipios como del país. “Es un sector que une a las empresas, Estado y comunidad para trabajar conjuntamente con responsabilidad, compromiso, ética, inclusión y respeto por un territorio en el que todos cabemos”.
Finalmente, recordó la Gobernación que la Sentencia de Unificación SU-095 del 11 de octubre de 2018 de la Corte Constitucional, la cual sirvió de fundamento para la nulidad del Acuerdo No. 010 de 2018, invita a las entidades municipales actuar de forma coordinada y concurrente con las Autoridades del Orden Nacional o sus delegadas, en la regulación de la explotación del Subsuelo y de los Recursos Naturales No Renovables.
