Garantizar la seguridad en Cataluña durante las elecciones generales españolas del próximo domingo se ha convertido en un reto para el Gobierno español, mientras continúan en esa región las movilizaciones de grupos independentistas radicales.
Desde que el pasado día 14 se conocieron las sentencias de cárcel contra los líderes del proceso secesionista que vivió Cataluña en 2017, se mantienen en esa región protestas de independentistas y algunos grupos amenazan con actuar en la jornada electoral y el día previo, conocido en España como jornada de reflexión, en la que está prohibido hacer campaña política.
El presidente del Ejecutivo en funciones y candidato a la reelección, el socialista Pedro Sánchez, advirtió hoy de que quienes participen en actos de este tipo afrontan responsabilidades penales «bastante contundentes», e insistió en que todas las instituciones -en alusión al Gobierno autónomo catalán, controlado por independentistas- deben garantizar la seguridad y el desarrollo de la votación.
El Gobierno español ha desplegado un número «importante» de agentes policiales en Cataluña para garantizar el desarrollo normal de los comicios en esa región, recalcó Sánchez, quien insistió en la «extraordinaria cooperación» existente entre la Policía y la Guardia Civil españolas y la Policía autonómica de Cataluña.
LA SEGURIDAD EN CATALUÑA, ARGUMENTO DE CAMPAÑA
El desafío independentista y la seguridad de la votación en Cataluña está siendo uno de los principales asuntos de esta campaña electoral, sobre todo por los partidos del bloque de derecha, que acusan a la izquierda de un posible entendimiento con los independentistas si necesitan sus votos en el Congreso de los Diputados para poder gobernar.
Hoy mismo, la expresidenta del Congreso y número dos en la lista del conservador Partido Popular (PP) por Madrid, Ana Pastor, responsabilizó a Sánchez de lo que pueda pasar allí y le demandó que «esté a la altura» si se producen altercados en la jornada electoral.
«La responsabilidad la tiene el señor Pedro Sánchez», afirmó Pastor en unas declaraciones.
Como respuesta, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, se mostró convencida de que la jornada electoral transcurrirá con total normalidad y pidió a las derechas «que dejen de enredar» con una eventual falta de seguridad.
«Somos uno de los países más seguros del mundo y tenemos uno de los procedimientos de convocatoria electoral, de escrutinio de resultados también, mejores y más rápidos del mundo», insistió Calvo, quien a la vez reconoció que en Cataluña «hay una situación compleja (…) y hay efectivos allí desde hace varias semanas de manera más intensa».
Las autoridades españolas aumentaron el despliegue de seguridad en Cataluña el pasado mes en casi mil agentes para poyar a la Policía catalana, en previsión de posibles incidentes por la citada sentencia, como así ocurrió.
Este mes, con motivo de las elecciones, se ha reforzado el dispositivo con más agentes antidisturbios, para un total conjunto de más de 10.000 policías de distintos cuerpos.
EL RETO DE GARANTIZAR SEGURIDAD Y LIBERTAD
Además del Gobierno español, el Ejecutivo catalán también tiene competencias en orden público e insiste en que asegurará que se pueda votar con «normalidad» el próximo domingo, a la vez que garantizará el derecho a las protestas convocadas para el día anterior.
Desde hace días, una plataforma llamada «Tsunami Democràtic» ha promovido en redes sociales protestas durante la jornada de reflexión, e incluso se ha especulado con la posibilidad de que grupos radicales puedan ocupar colegios electorales en la noche del sábado para impedir la votación, lo que sería ilegal.
La ley electoral española castiga, incluso con penas de cárcel, a quienes, con violencia o intimidación, impidan o dificulten la entrada y salida de los colegios electorales, así como a aquellos que realicen actos de propaganda electoral una vez finalizada la campaña, como sería el caso de la jornada de reflexión.
Además de las acciones anunciadas para ese día, uno de los puntos en los que se mantienen las protestas es la plaza Universitat de Barcelona, donde cientos de jóvenes están acampados desde hace una semana para mostrar su desacuerdo con las sentencias a los líderes independentistas.
Esta actuación ha sido amparada por la Junta Electoral de Barcelona, al considerar que los concentrados no piden directamente el voto para una opción política concreta, aunque insta a la Policía para garantice que esta protesta no interfiera en la votación del domingo.
EFE.
