Según la denuncia realizada por organizaciones sociales, entre los colectivos se encuentran dos de los que participaron en la elaboración y diseño del mural: «¿Quién dio la orden?», sobre ejecuciones extrajudiciales.
En medio de la tensión y los anuncios del gobierno por el paro del próximo jueves, 21 de noviembre, colectivos artísticos denunciaron allanamientos por parte de la Policía en la que se habrían llevado pinturas, pinceles, distintos materiales para la realización de la marcha y hasta computadores. De acuerdo con la denuncia hecha por el Movice, los uniformados habrían llegado a viviendas de miembros de colectivos artísticos con órdenes de allanamiento por investigaciones relacionadas con el porte y fabricación de explosivos y terrorismo.
Entre las propiedades que fueron registradas por la Policía están las viviendas de tres personas que hacen parte del colectivo artístico Puro Veneno, que fue uno de los participantes de la elaboración del controvertido grafiti denominado: «¿Quién dio la orden?». En esta pieza se observa a varios oficiales retirados y en servicio del Ejército en cuyas comandancias habrían ocurrido casos de ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como falsos positivos. Este mural fue tapado con pintura blanca por hombres del Ejército y Policía.
#URGENTE A esta hora se presentan allanamientos simultáneos por parte de la @PoliciaColombia a 4 integrantes de @C_Pueblos. Quienes realizan la diligencia impiden que familiares puedan tomar fotografías y registro del procedimiento, tampoco presentaron orden de juez. pic.twitter.com/oOxYFJ2W12
— C. Jurídica Libertad (@CorpoJuridicaLi) November 19, 2019
El periódico El Espectador pudo hablar con uno de los miembros del colectivo cuya casa fue allanada por los uniformados. Este, que pidió la reserva de su identidad, aseguró que la Policía lo señaló de haber participado en acciones violentas en medio de manifestaciones y de ser parte de un grupo clandestino. En su denuncia, este joven aseguró que las autoridades se llevaron de su hogar memorias, una cámara, celulares, un computador y material gráfico (stickers, pancartas, entre otros).
Según la denuncia hecha por el Movimiento de Víctimas de Estado (Movice), también se dice que la orden de allanamiento es para buscar material probatorio en las marchas. «Buscan cualquier nexo con organizaciones y están incautando material probatorio pañoletas, carteles, pinturas, revisaron celulares y anotaron números de celular», declaró la organización. La acción de las autoridades se da apenas dos días antes de las movilizaciones del 21 de noviembre, un llamado a paro que ha estado marcado por polémicas nacionales.
Entre los objetivos de los allanamientos estuvo la revista Cartel Urbano. Desde temprano, entre 7:00 y 9:00 de la mañana, uniformados estuvieron en la sede del medio de comunicación cultural alternativo realizando la diligencia. Según miembros de la redacción de esta publicación, las autoridades estaban buscando armamento, explosivos y material panfletario. Frente a los hechos de la mañana de este martes, la dirección de Cartel Urbano se pronunciará a través de un comunicado en las próximas horas.
El movimiento Congreso de los Pueblos aseguró que las órdenes de allanamiento, tanto en Bogotá como Cali y Medellín, fueron en contra de los miembros de la organización y líderes estudiantiles. El fin de las diligencias, según la organización social, es dar con los supuestos responsables de los demanes en el Icetex, el pasado 27 de septiembre. Sin embargo, hicieron la salvedad de que, a pesar de su participación en las movilizaciones, nunca habían sido requeridos por las autoridades por estos hechos.
De igual manera, el Congreso de los Pueblos llamó la atención frente a las garantías dadas por el Estado para las movilizaciones de este 21 de noviembre. “Si bien Duque dice que podemos marchar pacíficamente, lo que nos hemos encontrado es un panorama totalmemente diferente. La lectura que tenemos es que todo se trata de una estrategia de pánico y generación de miedo por la potencia de la marcha del 21”.
Los allanamientos también fueron rechazados por la Corporación Jurídica Libertad (que precisó que sí existe una orden judicial para realizar el procedimiento), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Asociación Minga, entre otros. Esta última calificó el hecho como una «política de terror basada en judicializaciones» en contra de las personas que marcharán el próximo 21 de noviembre.
Previo al gran #ParoNacional21N Bogotá, Cali y Medellín despierta con allanamientos a casas de jóvenes de @C_Pueblos y otros procesos sociales. Rechazamos la política de terror basada en judicializaciones y otras agresiones contra quienes se movilizan en defensa de sus derechos https://t.co/X5rTiQNJC3
— Asociación MINGA (@asociacionminga) November 19, 2019
A través de un comunicado, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la realización de más de 27 diligencias y allanamientos, en conjunto con la Fiscalía, en 15 localidades de la ciudad y en el municipio de Soacha. Las diligencias, según las autoridades, fueron para dar con los encapuchados que en protestas pasadas habrían cometido actos de “vandalismo y terrorismo”.
Además de las incautaciones denunciadas por colectivos artísticos, feministas y otros, las autoridades anunciaron la captura de dos personas, supuestamente, conocidas como Chiqui y El Diablo. Ellos tendrían en su poder, según reveló la Policía, elementos para la elaboración de explosivos y una granada lacrimógena.
Asimismo, las autoridades anunciaron la incautación de artefactos para la fabricación de papas bomba (aluminio, azufre, puntillas, arandelas, etc), elementos para la fabricación de bombas incendiarias y supuestos objetos usados para actos porpagándisticos y vandálicos. Entre los objetos incautados están latas de aerosol, pintura, resorteras, overoles, jatas, sueros hidratantes, pañoletas, panfletos, carteles, pancartes y camisetas.
Tomado de El Espectador
