El Gobierno interino de Bolivia emprendió este lunes una cruzada de la mano del expresidente Jorge «Tuto» Quiroga para denunciar ante la comunidad internacional presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco de la profunda crisis en el país que deja 34 muertos.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, compareció acompañada del propio expresidente Quiroga (2001-2002) para anunciar la «misión especial» que le encomienda ante el mundo, en un momento en que desde dentro y fuera de Bolivia saltan denuncias en contra de su Gobierno precisamente por no respetar esos derechos.
LA MISIÓN DEL EXPRESIDENTE
«Un puñado de vándalos» intentó en las pasadas semanas tomar «de rehenes a los once millones de bolivianos», denunció Jeanine Áñez al comparecer en La Paz junto al recién designado para esa misión.
Áñez hacía así referencia a la violencia desatada en Bolivia desde que el pasado 10 de noviembre cuando Evo Morales anunció su renuncia, forzado por los militares, lo que sumió al país en el caos en medio de un vacío de poder.
«Han intentado cercar las ciudades para que no ingresen alimentos, ni combustibles, han incendiado casas, golpeado a los ciudadanos y amedrentado a quienes pensamos diferente al Gobierno dictatorial del MAS -Movimiento al Socialismo- y todo esto fue liderado por Evo Morales», aseveró.
El Gobierno provisional de Bolivia ha denunciado ante la Fiscalía por delitos como terrorismo a Morales, acusándole de instar a la violencia desde su asilo en México, donde llegó el 12 de noviembre.
Le culpa de incitar a sus seguidores a mantener bloqueos en carreteras para que no llegara comida, gas ni gasolina a las ciudades, donde hubo que racionarlos, con tal de acorralar a Áñez.
«La comunidad internacional debe saber la realidad de la barbarie que quisieron provocar estos grupos de activistas violentos», aseveró la presidenta provisional.
«Los bolivianos sabemos lo que ha sucedido acá, una larga noche tiránica de casi catorce años ha llegado a su fin», dijo por su parte Quiroga sobre la etapa en el poder de su adversario.
Su principal misión será exponer los antecedentes que derivaron en los hechos violentos que sacudieron el país no solo desde el 10 de noviembre, sino desde el día después de las fallidas elecciones del 20 de octubre, ahora anuladas.
Quiroga recordó que Morales intentó «hacer un golpe desconociendo la Constitución que él mismo pidió que votemos», porque en esos comicios fue proclamado vencedor para un cuarto mandato seguido, aunque la Carta Magna solo permite dos, «y lo hizo a través de un fraude monumental y gigantesco».
Al día siguiente de los comicios comenzaron las protestas contra Morales entre denuncias de fraude electoral a su favor, el 8 de noviembre la Policía se empezó a amotinar contra el todavía presidente y el 10 un informe de la Organización de Estados Americanos advirtió graves irregularidades en las elecciones.
LLAMADO A MÉXICO
El expresidente espera el «respaldo» de la comunidad internacional al proceso de transición en Bolivia hacia unas nuevas elecciones, que se auguran a comienzos de 2020 pero aún sin fecha.
Para ello, su primer mensaje fue directo a un país, México, al que llamó «amigo».
«Asilar y proteger el fraude es contradictorio con la posición que ha sostenido ese Gobierno durante mucho tiempo», le dijo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien acoge a Morales.
Y añadió que «asilar a quien ha promovido y defendido el narcotráfico es tremendamente dañino, asilar y proteger al que ha llamado a generar violencia en el país también es dañino».
LA VIOLENCIA EN BOLIVIA
La única institución en Bolivia que ha difundido públicamente un listado de víctimas desde el 20 de octubre es la Defensoría del Pueblo, con una trágica relación de al menos 34 fallecidos y 832 heridos.
Muchos de esos muertos lo fueron por disparos durante operativos militares y policiales tras el 10 de noviembre, cuya autoría niega el Gobierno interino que fueran las fuerzas del orden.
La Fiscalía General del Estado reveló hace días informes previos sobre proyectiles de calibres que no son reglamentarios de militares ni policías en Bolivia, o no estaba demostrado por entonces que salieran de sus armas, sin que haya vuelto a dar información en uno ni otro sentido.
LAS VÍCTIMAS
La semana pasada estuvo en Bolivia una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante su preocupación por la violencia contra civiles con un papel que considera «excesivo» de las fuerzas del orden.
Los delegados de la CIDH se reunieron tanto con el Gobierno interino como con sectores que le hacen frente denunciando los muertos en El Alto y en Sacaba, ciudades donde en cada jornada fallecieron diez civiles por disparos los pasados 15 y 19 de noviembre, respectivamente.
También estuvo en el país una denominada Delegación Argentina de Solidaridad con el Pueblo Boliviano, formada por activistas de ese país que, tras reunirse con familiares y víctimas directas, alertaron de una dura «represión» de las fuerzas de seguridad tras asumir Áñez el poder el pasado 12 de noviembre.
EL DESIGNADO
El político conservador Jorge Fernando Arturo Quiroga Ramírez, que prefiere que le llamen «Tuto», nació el 5 de mayo de 1960 en la ciudad boliviana de Cochabamba y estudió Ingeniería Industrial.
En 2001, Quiroga tomó las riendas de Bolivia a los 41 años por sucesión constitucional y gobernó el país hasta 2002, tras la muerte del que primero fue dictador y luego presidente salido de las urnas Hugo Banzer.
En dos ocasiones, en 2005 y 2014, quiso buscar por elección popular la Presidencia, pero en ambas ganó Morales por mayoría.
EFE.
