La cotidianidad de Colombia camina en el filo de la confrontación con su pasado reciente. Esos años, las heridas de más de medio siglo de conflicto armado, reviven periódicamente como sucedió el sábado al conocerse el hallazgo de una fosa común en el municipio de Dabeiba, entre Medellín y la costa Caribe. Allí la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal nacido de los acuerdos entre el Estado y las FARC para investigar los crímenes más graves de la guerra, busca los cuerpos de al menos 50 personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares entre 2005 y 2007. El Instituto de Medicina Legal recibió de momento información sobre 17 casos. Pero la dimensión del drama de las desapariciones va más allá. El país enfrenta, según cálculos de este organismo público, la exhumación de alrededor de 200.000 cuerpos sin identificar.
Estas son las cifras de vértigo que resaltó este martes Claudia García, directora del instituto forense. «Nosotros en los últimos años hemos hecho una prospección en todos los cementerios legales, digámoslo de alguna manera, y en las inhumaciones que no son legales en estas fosas clandestinas, y creemos que el reto al que nos estamos enfrentando es de más o menos de 200.000 cuerpos, en donde tenemos que buscar los desaparecidos del país», señaló en Caracol Radio. «El reto es muy grande y tendremos trabajo para muchos años desde el punto de vista científico», continuó García, quien incidió en la importancia de la implicación del Gobierno para llevar a cabo esa tarea.
Las desapariciones sistemáticas encarnan aún hoy la memoria más viva del conflicto y afectan a miles de familias. Por eso el trabajo de instituciones como la jurisdicción de paz o la Unidad de Búsqueda es clave para tratar de cerrar el duelo. Las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, solo representan un porcentaje de esos casos. Según destacó la responsable de Medicina Legal, serán las investigaciones de la justicia las que establezcan si fueron civiles asesinados por militares y después presentados como guerrilleros muertos en combate a cambio de premios y compensaciones. En medio de una amalgama de estimaciones sobre las miles de víctimas de ese procedimiento, los datos oficiales ofrecidos por la Fiscalía indican que entre 1998 y 2014 hubo más de 2.200 ejecuciones de este tipo. La inmensa mayoría, durante los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe.
De momento, el instituto forense se centra en la fosa hallada en el cementerio católico Las Mercedes de Dabeiba, en el departamento de Antioquia. Primero, con las necropsias de los cuerpos exhumados. Y después comenzará el cruce de los datos con la información de familiares de personas desaparecidas para confrontar los perfiles genéticos. «Vamos a trabajar de manera ininterrumpida y vamos a tener los primeros avances, no terminar el trabajo porque es complejo, hacia la tercera semana de enero», afirmó García.
El fantasma de los crímenes cometidos en el pasado por las Fuerzas Armadas volvió este año a conmocionar a Colombia y se convirtió de nuevo, por primera vez desde la firma de la paz y el comienzo de la desmovilización de las FARC, en una cuita central del debate político. La sucesión de denuncias -desde una directiva, ya retirada, que abría la puerta a un sistema de incentivos para mejorar las estadísticas en el Ejército, los señalamientos al comandante de la fuerza terrestre hasta el ocultamiento la muerte de menores en un bombardeo contra disidentes de la antigua guerrilla- le costó hace mes y medio el puesto al ministro de Defensa, Guillermo Botero. Su sucesor, el excanciller Carlos Holmes Trujillo, pidió garantizar la protección de los exmilitares que colaboraron con la JEP y cuyo testimonio fue determinante para localizar esta fosa común. Y la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, exigió que el tribunal lleve la investigación «hasta sus últimas consecuencias».
La sala de esta jurisdicción especial que investiga el caso señaló que «los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56 años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas en condición de discapacidad». Desde que se iniciaron las diligencias, el pasado mes de junio, el juez ha escuchado 160 versiones de uniformados que acudieron voluntariamente para ayudar a esclarecer lo sucedido. Gracias a sus relatos se han acreditado cerca de 400 víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Tomado de El País de Cali
