Si después de conocer la historia de 45 posibles víctimas de «falsos positivos» en este municipio de Antioquia usted quiere entender cómo se llegó hasta ahí y qué continúa en este proceso, aquí le respondemos seis preguntas claves.
¿Por qué la JEP intervino el cementerio de Dabeiba?
Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidieron empacar maletas, junto con un equipo forense de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), más conocida como la Fiscalía de la JEP, para ir hasta el cementerio de Dabeiba por dos casos.
El primero es el Caso 003, conocido como el de los “falsos positivos”. Se trata de las ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron presentados como bajas en combate por integrantes del Ejército. Algunos militares, que hoy están contando toda la verdad en esta justicia a cambio de recibir beneficios (entre ellos su libertad condicionada a sus aportes al sistema), dijeron que participaron en el asesinato y posterior entierro de 45 civiles que nada tenían que ver con la guerra, para hacerlos pasar como guerrilleros.
Toda la información que reciben los magistrados tiene que contrastarse. Si no, cualquiera inventaría cosas para salir rápido de la cárcel. Por eso, el pasado 9 de diciembre fueron con los militares hasta el cementerio para que ellos señalaran los lugares donde dijeron que enterraron a esas personas. Tenga en cuenta que, si se comprueba que es mentira, podrían ser expulsados de la JEP.
Además, hay otra razón de peso. Esta historia se cruza con otro proceso que adelanta esta justicia: las medidas cautelares sobre más de 16 lugares donde habrían desaparecidos, según organizaciones de víctimas.
Es muy, muy, importante que las víctimas logren encontrar a sus seres queridos, es un deber del Estado buscarlos y un derecho de las víctimas obtener respuestas.
¿Qué son las medidas cautelares? ¿Quién las solicitó?
Pero vamos despacito. Las medidas cautelares son un mecanismo que utilizan los jueces para proteger lugares, cosas e incluso personas valiosas para el curso de investigaciones. El año pasado el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) hizo una petición a la JEP para garantizar el cuidado, protección y preservación sobre 16 lugares del país donde estaban seguros de que había desaparecidos.
La JEP atendió esta solicitud, ratificó que tenía competencia para decretar estas medidas. Empezó a solicitar información a las organizaciones y entidades locales y nacionales sobre las condiciones en las que están actualmente dichos lugares y sobre lo que han hecho las autoridades para esclarecer estos casos.
¿Cuáles son los lugares que piden protegerse?
En Antioquia: Hidroituango, Comuna 13 de Medellín, Betulia y Puerto Berrío.
En Caldas: resguardo indígena de San Lorenzo (Riosucio) y las veredas Simitarra (Norcasia), Pradera (Victoria) y la Cristalina (Samaná).
En Magdalena Medio: cementerios de Aguachica (Cesar) y de Cimitarra (Santander); Hoyo Malo y San Vicente de Chucurí (Santander), y la vereda Muzanda del municipio de Lebrija (Santander).
En Sucre: cementerio del corregimiento de Rincón del Mar, fincas la Alemania y El Palmar, y el cementerio central, todos ubicados en el municipio de San Onofre.
¿Qué ampliaciones ha tenido esa solicitud?
En junio de 2019, el Movice pidió ampliar esta solicitud para el Cementerio Católico Las Mercedes, en Dabeiba. Las víctimas, además, pidieron a la JEP proteger 16 cementerios más y tres fincas en Sucre en las que podría haber 229 cuerpos que corresponden a personas dadas por desaparecidas.
¿Qué se ha hecho hasta ahora?
Como la idea del Movice es que se protejan los sitios, la JEP lo que ha venido haciendo es tratar de determinar cómo se puede hacer eso. Es decir, están investigando qué hay ahí, qué ha pasado en los últimos años, quiénes pueden ingresar a los lugares y cuáles riesgos corren los cuerpos que posiblemente están enterrados en esos sitios. Mejor dicho, levantando información.
A ver, es que no es lo mismo proteger La Escombrera, en Medellín, donde día a día echan escombros, que proteger un cementerio en San Onofre, que no tiene ningún tipo de vigilancia y donde todavía hay presencia de actores armados.
Para lograr entender los peligros de los lugares, la JEP ha celebrado tres audiencias: dos en Medellín, para la protección de los lugares de la Comuna 13 e Hidroituango; y una en Cartagena, para evaluar la situación de los cuatro lugares que las víctimas piden que se protejan en Sucre.
De estas audiencias han salido una serie de decisiones que son un poquito más complejas. Por ejemplo, le ordenó a la Alcaldía de Medellín entregar un informe reservado sobre desaparecidos en la Comuna 13. También, cerrar el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia, una decisión relacionada con el tema Hidroituango. Por el lado de San Onofre, la JEP le pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar a la Alcaldía de San Onofre, Gobernación de Sucre y la SAE por no cumplir con sus funciones en la protección de los cementerios y otros lugares donde hay desaparecidos.
¿Qué viene ahora?
Como ya les dijimos, son más de 16 lugares donde podría haber personas dadas por desaparecidas, y la JEP ha visitado cuatro. Esta justicia sigue recaudando información para cada uno de estos casos. Y en las audiencias lo que ha hecho es pedirles información a las instituciones. Lo que sigue es, caso a caso, hacer seguimiento a sus órdenes e investigar hasta que tengan los elementos necesarios para decretar o no una medida cautelar.
Para el caso de Dabeiba, lo que tienen que mirar es si los cuerpos fueron extraídos o se mezclaron con otros que sí están identificados. Es decir, viene la etapa de la identificación. Recuerden que encontrar un desaparecido no es solo hallar un cuerpo, hay que identificarlo y entregarlo dignamente a su familia.
Es un camino largo, sí, pero puede abrir una ventana de esperanza para las víctimas que llevan años y hasta décadas esperando tener verdad y justicia.
Tomado de El Espectador 2020
