El retorno a la lucha armada fue el motivo principal para que a lo largo del año la Jurisdicción Especial para la Paz decretara la expulsión del sistema de siete exguerrilleros de las Farc que incumplieron su palabra luego de acogerse al sistema de la justicia transicional. La última decisión en este sentido fue anunciada este jueves en la mañana y fue en contra de Leyder Noscué Bototo, a quien se conoce bajo el sobrenombre de ‘Mayimbu’.
“Ha faltado a su compromiso de no volver a alzarse en armas, como queda demostrado en su manifestación ante las autoridades indígenas tradicionales, reafirmando su interés de no ser parte del proceso de paz”, dijo el magistrado Óscar Parra durante la lectura del fallo que decidió su expulsión.
A lo largo de la providencia se mencionó en reiteradas oportunidades que gran parte del material que tuvieron en cuenta para dirimir su permanencia ante la justicia transicional fue recopilado de manos de las autoridades tradicionales indígenas que han detenido a personas que hacen parte de la organización criminal que dirige ‘Mayimbu’.
En la lectura de la providencia se reveló que el exjefe guerrillero irrumpió en una asamblea de la comunidad indígena y ante los presentes reconoció su calidad de comandante de las estructuras disidentes ‘Dagoberto Ramos’ y ‘Jaime Martínez’, lo que ha derivado en amenazas, asesinatos, desplazamientos y ataques contra miembros de la Guardia Indígena y comuneros.
El magistrado Parra relató que las autoridades ancestrales, amparadas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales reconocidas constitucionalmente, han iniciado procesos y ordenado la captura de ‘Mayimbu’ por “las desarmonías territoriales” que ha generado su actuar delictivo.
Uno de los hechos a los que se hizo referencia ocurrió el 4 de febrero de 2019, cuando un grupo de hombres armados atacó el puesto de la guardia. Por cuenta de este atentado, ocho miembros que participaron en esa toma fueron condenados a trece años de aislamiento temporal y los sentenciaron a recibir 38 fuetazos.
“Estas personas manifestaron durante el proceso de justicia propia que se encontraban al mando de alias ‘Mayimbu’ y que si había órdenes directas de que si había un intento de captura o control territorial ellos debían accionar todas las fuerzas de las armas”, dice uno de los apartes de la providencia.
Por cuenta de esas detenciones, la Guardia Indígena fue declarada objetivo militar por parte de las mencionadas estructuras subversivas. En la sentencia se habla de unos siete crímenes cometidos contra miembros de la Guardia que han derivado en unas 37 detenciones ejecutadas por autoridades tradicionales.
De acuerdo con lo recopilado por los nativos, el segundo jefe de la banda es ‘Barbas’ y el tercero al mando es alias ‘Indio’.
Desertores del proceso
“El señor Noscué Bototo es un desertor del proceso de paz que, como lo declaró el tribunal para la paz, defraudó la confianza que el Estado y la sociedad colombiana puso en él, decidió volver a la guerra, retomar las armas y constituirse una vez más en una amenaza para la seguridad y los derechos de todos los colombianos, especialmente de todas las comunidades que hoy se ven afectadas por su actuar”, añade la sentencia.
No es la primera vez que el tribunal de paz emplea el término desertores para referirse a quienes decidieron rearmarse, incumpliendo su palabra tras acogerse al proceso de paz suscrito por el Gobierno y la entonces guerrilla de las Farc. Todas esas expulsiones se dieron este año e, incluida la de Mayimbu, se dieron siete: Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, ‘el Paisa’; Iván Luciano Márquez Marín; Seuxis Paucias Hernández Solarte, ‘Jesús Santrich; Henry Castellanos Garzón, ‘Romaña’; José Manuel Sierra Sabogal, ‘Zarco Aldinever’, y José Vicente Lesmes.
El grupo de expulsados más recordado es el de Márquez y compañía tras la divulgación a finales de agosto de un vídeo en el que anunciaban el regreso a la lucha armada, así como la creación de “la nueva Marquetalia”.
“Todos los del video son desertores manifiestos. Están comunicando de manera inequívoca su decisión voluntaria y radical de oponerse al estado de derecho. La JEP no alberga a desertores manifiestos, solo está para aquellos que cumplen con los deberes de verdad, justicia, reparación y no repetición”, dijo en septiembre el magistrado de la Sección de apelación, Eduardo Cifuentes.
Para ese mes el trámite del proceso fue manejado de urgencia por orden de la presidenta del tribunal de paz, Patricia Linares, y se anunció su expulsión, así como la pérdida de beneficios económicos y jurídicos que llevaron, como ocurrió con ‘Mayimbu’, con el levantamiento de las órdenes de captura.
Tomado de El Universal
