La Justicia Especial para la Paz (JEP) ordenó este viernes que 33 cuerpos de posibles víctimas del conflicto armado colombiano que están bajo custodia del Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia, localizado en Medellín, sean entregados a las autoridades para su identificación.
La medida se produce una semana después de que la propia JEP anunciara que en un cementerio de la localidad de Dabeiba, también en Antioquia, halló fosas en las que se cree están enterrados al menos medio centenar de civiles víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como «falsos positivos».
La orden al laboratorio de la Universidad de Antioquia partió de la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, que dispuso que los restos deben ser entregados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Dichos restos humanos proceden en su mayoría del Cementerio El Universal (Medellín) y sobre ellos la JEP había decretado hace unos meses «medida cautelar de protección».
Por eso, el tribunal «también ordenó el mantenimiento de la medida cautelar que consiste en el sellamiento parcial y temporal» del citado laboratorio universitario, «con el fin de que los 33 cuerpos que están en custodia sean preservados y conservados hasta que se tomen las medidas pertinentes por parte de la UBPD para proceder a la identificación y entrega a sus familiares».
INVENTARIO DE CADÁVERES
Igualmente resolvió ordenar a la UIA «seguir con la elaboración técnica del inventario general de los cuerpos hallados y avanzar en las labores para identificar si corresponden o no a víctimas del conflicto armado».
La JEP instaló el pasado 2 de mayo una Mesa Técnica con la UBPD para apoyar el proceso de estudio de medidas cautelares para la protección de 16 lugares del país en los que se cree que estarían enterrados desaparecidos.
El 29 de agosto de 2018, nueve peticionarios le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre esos 16 lugares, en los cuales «se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado».
EL CASO DE DABEIBA
Hasta ahora el caso más grave de esos 16 es el del Cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, unos 200 kilómetros al noroeste de Medellín, donde, según la JEP, se presume que «se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate (‘falsos positivos’)».
Según este tribunal, creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, los trabajos en el cementerio de Dabeiba dejan hasta el momento «la exhumación de siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos».
Los «falsos positivos» son una escabrosa política aplicada por miembros del Ejército colombiano desde la década de los 90 y que consistía en «reclutar» civiles con promesas de falsos trabajos para conducirlos a lugares distintos a los de su residencia, donde posteriormente eran ejecutados.
Una vez perpetrado el crimen, los militares presentaban a los asesinados como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de obtener de sus superiores beneficios como ascensos, condecoraciones o permisos.
EFE
