Arrestados 1.893 adolescentes salvadoreños en 2019, la mayoría pandilleros

FECHA:

Las autoridades de seguridad de El Salvador arrestaron durante el año 2019 a 1.893 adolescentes, de los que la mayoría fueron identificados como supuestos pandilleros, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC).

El cuerpo de seguridad detalló este jueves en un comunicado que en los 12 meses del 2019 fueron detenidas 41.112 personas, por lo que los menores de 18 años privados de libertad representan el 4,6 % de las capturas.

Datos de la PNC consultados por Efe dan cuenta de que este número de adolescentes detenidos en 2019 representa una baja del 18,1 % respecto al 2018, cuando fueron arrestados 2.312 menores de edad.

El sitio en internet de transparencia de la PNC, que únicamente recoge datos hasta septiembre pasado, perfila como pandilleros a 1.406 adolescentes privados de libertad en 2019.

El 44,3 % supuestamente pertenecen a la Mara Salvatrucha (MS13), pandilla que Estados Unidos busca erradicar, el 24,9 % a las dos facciones del Barrio 18 y únicamente el 0,35 % a otras estructuras minoritarias.

Por otra parte, en el 30,3 % de estas menores de edad «se desconoce pertenencia», según la base de datos de la Policía.

Según las autoridades salvadoreñas, las pandillas reclutan a menores de edad, algunos bajo amenaza de muerte, para labores de vigilancia en sus zonas de control, cobro de extorsiones y sicariato.

El Gobierno salvadoreño implementa desde el 20 de junio un plan para tratar de recuperar los territorios controlados por las «maras» y disputarles el reclutamiento de los jóvenes.

Un estudio presentado por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador en marzo de 2017 señala que el 62,4 % de los jóvenes que se ha unido a las pandillas o «maras» en este país lo hicieron por «ocio» o «amistad».

Los delitos en los que se involucran a los menores de edad han llevado al Congreso, a petición del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena), a estudiar la posibilidad de juzgar a los adolescentes como adultos, iniciativa que podría llevar al país incluso a renunciar a tratados internacionales de protección de la infancia.

EFE.

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