Por Rafael Croda
BOGOTÁ.- Luego de que Medellín había registrado a principios del año un inusitado aumento de la violencia, que llegó a generar alarma social, la ciudad terminó el 2019 con un descenso de los homicidios que especialistas en seguridad atribuyen a un pacto entre las organizaciones criminales para permitir a las autoridades mostrar resultados en la lucha contra la delincuencia.
“La violencia se estaba saliendo de control y los jefes de las dos líneas de La Oficina (la mayor organización delictiva de Medellín) decidieron pactar una tregua y ordenar a las bandas de la ciudad detener las disputas territoriales”, dice a Proceso el principal experto en seguridad de Medellín, Luis Fernando Quijano.
El analista afirma que el repunte de la criminalidad golpeaba la imagen del alcalde saliente de Medellín, Federico Gutiérrez, quien tiene aspiraciones presidenciales y cuya principal bandera de gobierno ha sido el combate a la inseguridad.
Y el alcalde, indica Quijano, “no es que haya promovido el pacto entre los jefes del crimen organizado de la ciudad, pero no le puso obstáculos: la política fue ‘dejar hacer, dejar pasar’, para que se dieran las reuniones que tenían que darse y para que los capos acordaran ordenar a las bandas dejar de echar bala”.
Entre enero y mayo de 2019 se registraron 307 homicidios en esa ciudad colombiana, 51 más que en el mismo periodo de 2018, y con frecuencia aparecían cuerpos desmembrados envueltos en bolsas y cadáveres con disparos a quemarropa y signos de tortura.
En ese momento Gutiérrez, un popular alcalde que actúa como “el primer policía” de Medellín, comenzó a perder apoyo ciudadano.
En mayo pasado, en medio de las críticas de varios sectores por el aumento del crimen en la ciudad, el respaldo a su gestión bajó siete puntos en la encuesta Gallup.
Se ubicó en 78 por ciento, un porcentaje alto, pero no tanto como los 91 puntos que llegó a alcanzar meses antes gracias a la estrategia que lo proyectaba como el jefe policiaco de la ciudad, más que como alcalde.
El fin de la “guerra fría”
El aumento de homicidios golpeó a Gutiérrez en términos políticos, sobre todo cuando abril y mayo se convirtieron en los dos meses más violentos en Medellín en los últimos cinco años, con 71 y 75 asesinatos, respectivamente.
En abril, la percepción de inseguridad creció cuando aparecieron los cuerpos de dos hombres en bolsas negras en una céntrica avenida.
Uno de ellos fue identificado por la policía como integrante de La Terraza, una facción de La Oficina que sostenía una tensa disputa de negocios con algunos de los jefes principales de la organización criminal, que maneja buena parte de las rentas ilegales en el área metropolitana de Medellín.
Y en mayo, fueron encontrados otros cuatro cuerpos en bolsas negras y amarillas. Eran cuatro hombres asesinados a puñaladas.
Los medios locales comenzaron a hablar de una “ola de homicidios” y del inminente inicio de una guerra entre los jefes del crimen organizado.
Pero el 31 de mayo, el especialista en crimen urbano Luis Fernando Quijano anunció que, ante la zozobra ciudadana por el incremento de la violencia, La Terraza y la cúpula de La Oficina habían decidido pactar el fin de la “guerra fría” que sostenían desde 2018.
Quijano explica que los jefes de La Terraza y de la línea mayoritaria de La Oficina nunca llegaron a atacarse entre sí, pero “había mucha tensión y desconfianzas que se reflejaban en las comunas (barrios), donde mandos medios de sus organizaciones se estaban matando”.
El secretario de seguridad de Medellín, Andrés Tobón, rechazó la versión de que hubiera existido un pacto, pero el hecho es que, desde junio, días después de la revelación de Quijano, se comenzó a notar un descenso significativo en los índices de criminalidad.
Ese mes se registraron 42 homicidios en la ciudad, un 45 por ciento menos que en mayo, y noviembre fue el mes menos violento de este siglo en Medellín, con 30 asesinatos, la mitad del promedio habitual.
El hecho es que el aumento en los homicidios durante los primeros cinco meses de 2019 en 18,5 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2018, contrasta con la caída del 23.7 por ciento en los asesinatos en los cinco meses que siguieron (junio-noviembre).
“Este cambio súbito en el comportamiento de la criminalidad en Medellín solo se explica por el pacto entre los jefes de La Terraza y la línea mayoritaria de La Oficina”, dice Quijano.
La autorregulación de los capos
No es la primera vez que Quijano ha revelado pactos entre organizaciones criminales. En 2013 anunció un acuerdo entre el Clan del Golfo –la mayor banda criminal de Colombia— y La Oficina, tras años de guerra por el control de las rentas ilegales en Medellín, incluidas las del narcotráfico.
Esa tregua, que Quijano llamó “El pacto de fusil” y que las autoridades de la época nunca reconocieron, también coincidió con una drástica caída de los homicidios en la ciudad.
Entre 2009 y junio de 2013, Medellín registró siete mil 671 homicidios, casi cinco cada día en promedio, por dos guerras sucesivas: una entre los jefes de La Oficina de la época Ericson Vargas Cardona, “Sebastián”, y Maximiliano Bonilla, “Valenciano”, y otra entre La Oficina y el Clan del Golfo.
En 2011, “Valenciano” fue capturado en Venezuela y extraditado a Estados Unidos y, un año después, “Sebastián” cayó preso en una finca cercana a Medellín, también con fines de extradición.
El encarcelamiento y posterior extradición a Estados Unidos de ambos capos desató una nueva guerra, ahora entre La Oficina y el Clan del Golfo, que quiso entrar a la segunda ciudad más importante de Colombia a apoderarse de rentas criminales como el tráfico y microtráfico de drogas, la extorsión y el lavado de dinero.
“El pacto del fusil” que develó Quijano puso fin a ese enfrentamiento. La Oficina cedió algunos barrios al Clan del Golfo, pero se quedó con la mayoría de los negocios ilegales de la urbe colombiana.
Como resultado del acuerdo, entre 2012 y 2015 los homicidios en Medellín cayeron en 61 por ciento. Pasaron de mil 251 a 487 por año en ese lapso.
Para Quijano, “lo que vimos en 2013 con el ´Pacto del fusil’ y lo que estamos viendo ahora es que el crimen en Medellín se autorregula, y que la acción de las autoridades no es la que determina la reducción de la violencia, sino que son las propias organizaciones delictivas las deciden cuando eso debe ocurrir”.
El nuevo pacto criminal entre los jefes mafiosos de Medellín en mayo pasado fue tan evidente y tuvo un efecto tan claro en la reducción de la violencia, que el mes pasado el comandante de la Policía, general Eliécer Camacho, aceptó en una entrevista con el diario El Colombiano que ese acuerdo ocurrió.
Y dijo que los cabecillas del crimen organizado de la ciudad “hicieron reuniones en las cárceles para mermar sus confrontaciones”.
Varios jefes de La Oficina y La Terraza están encarcelados en diferentes centros penitenciarios, entre ellos “Tom”, “Douglas”, “Barnie” y “Carlos Pesebre”.
De acuerdo con Quijano, ante el aumento de homicidios durante los cinco primeros meses de 2019, las autoridades “facilitaron” las reuniones de los jefes mafiosos en los centros penitenciarios para ordenaran a sus aliados en los barrios parar las confrontaciones.
“Con este acuerdo, el crimen organizado de Medellín le está dando la despedida al alcalde saliente (Federico Gutiérrez, quien culmina su periodo este 1 de enero) porque le está diciendo: ‘aquí, nosotros decidimos, no tú’”, señala Quijano.
Y afirma que también es “una bienvenida para el alcalde entrante (el joven político independiente Daniel Quintero), al que le están enviando el mensaje de que ellos son capaces de controlar la violencia en la ciudad”.
Un Estado incapaz
El secretario general del Concejo de Medellín, Jorge Iván Mejía, considera que el hecho de que los grupos criminales sean los que regulan la violencia muestra “el fracaso de la política criminal”.
De acuerdo con el ex secretario de gobierno y exconsejero para la Convivencia de la ciudad, la estrategia contra la inseguridad “ha sido coja” porque el alcalde Gutiérrez se centró en perseguir a los cabecillas de las bandas ilegales (han sido detenidos 160 en cuatro años) y no en la desarticulación de sus negocios ilegales.
“Las actividades ilegales en la ciudad son tan lucrativas, que los relevos de los jefes se producen de manera inmediata y las organizaciones criminales no han logrado ser debilitadas. Esa estrategia produce capturas, pero no acaba con el negocio”, señala Mejía.
Y dice que hay “una necesidad de revisar la política criminal” porque los grupos ilegales “son tan fuertes, que se dan el lujo de autorregularse y regular la violencia en Medellín”.
El pacto entre los jefes de la línea mayoritaria de La Oficina y La Terraza comenzó a operar en los días previos al arranque de las campañas políticas para las elecciones municipales en Colombia, las cuales se realizaron el 27 de octubre pasado.
Los alcaldes, concejales, gobernadores y legisladores locales que resultaron electos tomarán posesión este primero de enero, y tanto para Quijano como para Mejía es una sugerente coincidencia que el acuerdo entre las dos organizaciones delictivas se haya producido en una coyuntura electoral.
Mejía señala que las bandas criminales colombianas “suelen actuar con una lógica política”.
Agrega que desde hace años la delincuencia organizada de Colombia ha querido generar “espacios de diálogo” con el Estado para desmantelar sus negocios ilegales, a cambio de legalizar parte de sus capitales y recibir un trato judicial favorable al someterse a la justicia.
Entre los grupos que han hecho intentos para llegar a ese tipo de acuerdos con el gobierno nacional están el Clan del Golfo y La Oficina, cuyo jefe, “Tom”, ofreció el año pasado desde la cárcel entregar decenas de armas y desarticular sus estructuras mafiosas a cambio de una rebaja de penas para él y sus hombres.
El Congreso colombiano incluso aprobó el año pasado una ley de sometimiento a la justicia de bandas criminales que está dirigida a “grupos armados organizados” como el Clan del Golfo, Los Pelusos, Los Puntilleros y las disidencias de la ex guerrilla de las FARC.
Pero la nueva legislación, que contempla sometimientos colectivos, rebajas de penas de hasta el 50 por ciento y el cumplimiento de condenas en granjas agrícolas, excluye a las estructuras delictivas urbanas como La Oficina, pues son consideradas “organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico”.
Pero ni siquiera los grupos a los que fue dirigida la ley se han mostrado interesados en ella por considerarla poco atractiva en términos de beneficios judiciales.
Mejía cree que “tarde o temprano” el Estado tiene que abrirse a una negociación con las organizaciones criminales “para cerrar el ciclo de violencia”.
“La paz total es imposible si no involucramos a estos actores en una negociación que incluya una ley de sometimiento a la justicia que resulte atractiva para todos los grupos ilegales”, asegura.
Y dice que, “de lo contrario, los niveles de violencia y los miles de muertos cada año van a seguir”.
El Estado colombiano, agrega el economista y maestro en gobierno y políticas públicas, “ha sido incapaz de someter a estas estructuras y ejercer el control territorial y el monopolio de la violencia en muchos puntos del país y en muchos sectores urbanos”.
Mejía sostiene que con un sometimiento negociado “gana el país”.
Este diciembre será uno de los menos violentos en Medellín en muchos años. En los primeros 23 días del mes, se habían registrado 22 homicidios en la ciudad, un 62 por ciento menos que en el mismo periodo de 2018.
Y la reducción de asesinatos en 2019, con respecto al año previo, rondará el 6 por ciento.
Para Quijano, “no es que haya funcionado la estrategia contra el crimen, sino la autorregulación de los delincuentes”.
PROCESO
(La Agencia de Prensa Análisis Urbano publica este trabajo con la autorización de la revista mexicana Proceso)
Por Rafael Croda
