En una declaración conjunta, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, el presidente Iván Duque y el alto consejero para la estabilización Emilio Archila ambientaron la presentación del informe qué hará el próximo lunes 13 de enero de 2020 esta misión, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en Nueva York.
La intervención es la más larga que hace el primer mandatario de la mano del jefe de la misión y del consejero Archila y en ella Duque reiteró la intención de prorrogar el mandato de esta misión hasta 2022, cuando termina su gobierno.
Y aunque el presidente nunca mencionó directamente el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc y solo se refirió a su “política de Paz con Legalidad”, la declaración fue, también, un importante espaldarazo a la labor del consejero Archila, encargado de llevar la implementación del acuerdo de paz, pese a integrar un Gobierno que se eligió hace 18 meses en oposición al pacto de paz alcanzado.
Ruiz Massieu resaltó los avances que tiene la implementación del acuerdo de paz y destacó especialmente algunos que se han dado en esta administración, como la ruta de reincorporación que decretó a finales de 2019 el Gobierno, subrayando que para eso fueron consultados los dirigentes del partido Farc.
Asimismo, recalcó la importancia de que se hubieran aprobado proyectos productivos fuera de los espacios de reincorporación y los avances en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETS), el modelo surgido del acuerdo de paz para priorizar la llegada del Estado a zonas marginales y fuertemente golpeadas por el conflicto; así como destacó los avances que ha tenido la justicia transicional y su énfasis en las víctimas.
El jefe de esta misión, encargada de hacerle seguimiento a solo dos puntos del acuerdo de paz: la reincorporación de los excombatientes a la vida civil y las garantías de seguridad, también hizo un llamado para superar los “evidentes desafíos” en especial en asuntos de seguridad.
“Como saben y así se plasma, hay preocupación por la seguridad de excombatientes y líderes sociales y personas de comunidades como Chocó, Cauca y Nariño”, dijo y comentó que en los informes enumeraron las causas de esas violencias como son las economías ilícitas y la presencia de actores armados.
En ese sentido, celebró que el presidente Iván Duque haya convocado para el pasado miércoles en la tarde, y por tercera vez desde que inició su mandato, a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un espacio de articulación estatal, que surgió del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, que busca detener la violencia en los territorios y desarticular a las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo.
“Celebro que se reúnan porque esperamos que sigan avanzando en esa política pública que tenga un impacto estructural en las comunidades y esperamos que esas medidas concretas para la seguridad se implementen”, agregó e hizo un llamado para que se utilice la institucionalidad que creó el acuerdo de paz como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) para avanzar en las obligaciones y compromisos de las partes. Al cierre, Ruiz Massieu aseguró con optimismo: «Colombia sigue siendo una inspiración para el mundo, lo ha sido desde la firma del Acuerdo de paz. Esa inspiración, aunada al compromiso de Gobierno, Farc y la sociedad y a los ejemplos de reconciliación nos hace tener la confianza de que el Acuerdo será un éxito».
La declaración conjunta se dio horas antes de que se realizara la Comisión de Garantías de Seguridad, después de que asesinaran ayer a Gloria Ocampo, de 37 años, una reconocida líder social del Putumayo que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito e integraba la organización Mujeres Tejedoras de Vida; el atentado en el que casi muere Viyarmil Serna Andrade, un excombatiente que por amenazas se desplazó a Santander de Quilichao (Cauca) y tras la grave crisis humanitaria que vive el departamento del Chocó. Esto último a propósito de las recientes denuncias de la entrada y control territorial de Pogue y otras zonas rurales, en el municipio de Bojayá, de una estructura armada ilegal, uniformada y con armas largas, autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Según las denuncias en Fiscalía que han hecho las comunidades, la prensa y las organizaciones sociales desde finales de 2016, esta organización armada ilegal, que surgió tras la desmovilización de los paramilitares, tiene cada vez más poder y control en este departamento y estarían obligando a la población a deforestar y cultivar coca, así como a mantener silencio de su accionar. A esto se suma la presencia de algunas estructuras de la guerrilla del Eln, que han atemorizado, reclutado menores y minado con explosivos hechizos el territorio.
El presidente Iván Duque, en su intervención, reconoció la presencia del Eln en el Chocó, pero no mencionó a las AGC. Y en esa dirección, Duque prometió un fuerte accionar militar en contra del Eln y otras estructuras disidentes del proceso de paz en el Cauca y Nariño.
Tomado de El Espectador
