Juan Diego Restrepo, director del portal Verdad Abierta, escribió hace trece años, en 2007, un artículo que fue publicado entonces en la revista Semana y cuyo tema tiene hoy más vigencia que nunca: las chuzadas.
#Memoria En la capital antioqueña comenzó todo. Así lo registra investigación publicada en agosto del 2007 bajo el títular «Medellín, un laboratorio óptimo de las ‘chuzadas’ telefónicas». Antecedentes ayudan a entender el presente. Vía @RevistaSemana url=https://t.co/A0tcAZlL13— Juan Diego Restrepo E. (@JDRestrepoE) January 12, 2020
En Análisis Urbano lo reproducimos porque consideramos que su temática es de palpitante actualidad:
Escuchar las conversaciones con medios técnicos no se puede considerar como un hecho aislado del contexto de guerra que rodea al país ni del afán del Estado por restringir las libertades civiles y los derechos individuales en aras de imponer su concepción de seguridad democrática.
La piedra del último escándalo, que da cuenta de conversaciones de ex jefes paramilitares recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí (Antioquia) que evidencian sus actividades delictivas, y de por lo menos 94 personas más, entre funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas, miembros de la Iglesia Católica y periodistas, no es la única interceptación masiva que ha ocurrido en el país.
Medellín vivió entre diciembre de 1997 y febrero de 2001 una verdadera ‘feria’ de interceptaciones ilegales de líneas telefónicas, muchas de ellas de diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. En total, se ‘chuzaron’ 1.808 líneas utilizando firmas falsas de fiscales.
Al proceso de investigación penal y disciplinario fueron vinculados un funcionario de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y seis miembros de la Policía Nacional, entre ellos el coronel Mauricio Santoyo Velasco, quien se desempeñó entre 1997 y 1999 como comandante del Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Pese a su incierta situación jurídica, fue nombrado en agosto de 2002 por el presidente Álvaro Uribe Vélez como Secretario de Seguridad de la Casa de Nariño.
Ambas situaciones revelan la fragilidad de la madurez política de las esferas del Estado relacionadas con la seguridad nacional y las flaquezas del Estado de Derecho. No sólo se violan garantías mínimas como el derecho a la intimidad e inviolabilidad de las comunicaciones privadas, reconocidos en la Constitución Política, sino que se pasan por encima las normas legales que regulan las interceptaciones telefónicas que se aplican en casos de investigación penal, y la impunidad protege a los responsables de estas acciones delictivas.
Sin lugar a dudas, con estas interceptaciones se están socavando las condiciones esenciales para que la democracia se afiance en el país, así se esté argumentando, como lo ha hecho el general (r) Guillermo Chávez, ex director de Inteligencia de la Policía, que esos procedimientos tienen sustento en la Constitución Política colombiana.
Las ‘chuzadas’ de Medellín
A finales de noviembre de 2000, una serie de hechos, todos fatales, le permitieron establecer a los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía que en la capital antioqueña algo estaba ocurriendo con las líneas telefónicas, en especial la de varias organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
El primero de ellos fue la desaparición de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes) seccional Medellín, ocurrida la noche del viernes 6 de octubre del año 2000.
En el proceso de investigación que buscaba dar con el paradero de ambos defensores de derechos humanos, se descubrió que la línea telefónica de Asfaddes estaba intervenida. Los investigadores quisieron constatar qué autoridad había dado la orden de interceptación dado que una línea telefónica sólo puede ser interceptada de manera legal si hay autorización del fiscal de conocimiento y la aprobación de la Dirección Nacional de Fiscalías.
Tras una visita a la central telefónica de Empresas Públicas de Medellín (EPM), miembros del CTI solicitaron la resolución y el oficio que ordenaba la interceptación de la línea de Asfaddes. La documentación entregada por los funcionarios de EPM demostraba que las órdenes estaban en regla: aparecían diligenciados y firmados, tal cual lo indican los protocolos judiciales, y en papel membreteado de la Fiscalía.
Las pesquisas posteriores demostraron que de la documentación entregada por EPM no había copias en la Fiscalía; además, al confrontar las firmas y letras de las órdenes con la del fiscal delegado ante el Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se constató que eran falsas.
Esta sucesión de hechos irregulares llevó a los investigadores del CTI a revisar órdenes similares y se encontraron cientos de órdenes de interceptación telefónicas falsas, elaboradas y enviadas desde el comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Escuela de Policía Carlos E. Restrepo y la sede del Gaula de la Policía. En total, se hallaron 1.808 líneas interceptadas por órdenes expedidas entre diciembre de 1997 y febrero de 2001, discriminadas así: en 1997, 39 líneas; en 1998, 682 líneas; en 1999, 718 líneas; en 2000, 339 líneas, y en 2001, 30 líneas.
Ante estas evidencias, el 18 de abril del 2001 la Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria a los coroneles Mauricio Santoyo Velasco y Germán Eduardo Flórez Sánchez, ex comandantes del Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, y al capitán Nelson Baracaldo Caballero, los sargentos José Emiliano Piza Reyes y Arley de Jesús Durango, el agente Luis Carlos Álvarez Jiménez y un supervisor del área de seguridad de EPM, Rodrigo Bastidas Abril, por su presunta participación en la interceptación de líneas telefónicas en forma ilegal.
En declaraciones a la prensa en esa época, el general Jorge Daniel Castro Castro, quien para esos años de desempeñaba como comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, aseveró que “estas personas se han distinguido por ser unos luchadores contra el secuestro, como les consta a todos los ciudadanos de Medellín. Han sido unos hombres que han entregado lo más valioso de su carrera profesional en aras del rescate y de evitar tanto secuestro y extorsión. Por eso es que nosotros esperaremos el desarrollo de la investigación y que ellos salgan bien librados de este problema”.
Tras escucharlos en indagatoria y comprobar que no existió “indicio grave de responsabilidad”, el 30 de mayo de ese año la Fiscalía General de la Nación se abstuvo de proferir medida de aseguramiento a favor de Santoyo Velasco y Flórez Sánchez. Los demás sindicados seguirían vinculados a la investigación. En agosto 29 de 2003, el ente acusador los absolvió por no encontrar mérito suficiente para continuar con la investigación.
Para nada sirvió la solicitud de un agente de la Policía adscrito al Gaula de Medellín, quien de manera anónima le expuso al Fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, la situación que venía ocurriendo en la institución dedicada a combatir la extorsión y el secuestro mediante una carta fechada el 16 de abril de 2001.
“Soy un agente de la Policía Nacional adscrito al Gaula Urbano de la ciudad de Medellín. Las irregularidades que se viene presentando al interior de esta dependencia son muchas”, escribió el agente. “Todo viene desde que estuvo como jefe el señor teniente coronel Mauricio Santoyo Velasco y subjefe el señor capitán Grijalva Suárez, quien de forma abierta y directa le colaboraba a la banda la Terraza y a los paramilitares…”.
“La colaboración –explicó– se componía de escoltar armamento hacia las zonas rurales de Antioquia y de interceptarle líneas telefónicas ya fuera de guerrilleros o de personas que le debieran algo a los paramilitares o de ONG que tuvieran que ver con la subversión”.
Hacia la impunidad
En el proceso de investigación fue asesinado Carlos Arturo Ceballos Gómez, agente de la Policía Nacional adscrito al Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en calidad de analista de la sala técnica. Su función allí consistía en escuchar y grabar las llamadas telefónicas de las líneas intervenidas, relacionarlas, archivarlas y reportarlas a sus superiores.
El homicidio ocurrió en la mañana 4 de abril de 2001 a pocos metros de la puerta de ingreso a la Escuela de Carabineros Carlos Holguín. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lo alcanzaron y le dieron muerte de trece impactos de bala. Ceballos Gómez había sido citado para el 6 de abril dentro del proceso de las interceptaciones ilegales por la Procuraduría General de la Nación para que compareciera ante el procurador de derechos humanos Jorge Eliécer Gaitán Peña. Su testimonio era valioso por cuanto había sido identificado como la persona que entregaba en EPM las órdenes que daban vía libre a la interceptación ilegal de las líneas telefónicas.
Pero no bastó asegurar su silencio con su muerte. Durante un allanamiento a su residencia, realizado por la fiscal Marilyn Monsalve, se pretendía buscar información que aportara pruebas de las interceptaciones ilegales. Hallaron una caja con papeles y disquetes que contenían nombres, números telefónicos y registros de las llamadas escuchadas y clasificadas. El material implicaba aún más a quienes comandaron el Gaula de la Policía en los años de las interceptaciones, pero en un descuido de la fiscal las pruebas desaparecieron del lugar de la inspección. Nadie sabe cómo.
Pese a todas las adversidades y a la decisión de la Fiscalía a favor de los oficiales Santoyo Velasco y Flórez Sánchez, la Procuraduría General de la Nación persistió en sus investigaciones y el 9 de octubre de 2003 profiere un fallo sancionatorio contra los seis miembros de la Policía Nacional, consistente en la destitución y en la inhabilidad para desempeñar cargos públicos por cinco años.
En su decisión, la Procuraduría argumentó que las conductas atribuidas al coronel Santoyo Velasco “se endilgan a título de dolo, pues él conocía con suficiencia cuál era el procedimiento legal para la interceptación de teléfonos y los requisitos sustanciales y formales que se debían atender previamente”.
“Aun así –continúa el Ministerio Público– consciente de la ilegalidad de su proceder, consintió y aprobó la realización de las interceptaciones por fuera del marco constitucional y legal. Además, con su conducta interfirió de manera arbitraria e injusta en la vida privada de las personas afectando con ello un servicio de naturaleza esencial, como lo es el de justicia, poniendo en riesgo el principio de transparencia y lealtad, toda vez que con su actuar por fuera de la ley, pretendió entre otros fines, lograr éxitos en las investigaciones confiadas al Gaula (…) sacrificando derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales sobre la materia”.
El mismo día de conocido el fallo, la Casa de Nariño expidió un corto comunicado en el que afirmó que “ante la decisión de la Procuraduría, el coronel Mauricio Santoyo interpondrá el recurso de reposición, al que hay lugar en este caso. La Presidencia de la República esperará el fallo definitivo de la Procuraduría”.
Lo que vino después fue una cadena de decisiones que favorecieron a Santoyo Velasco. La primera de ellas fue la del Consejo de Estado, que determinó que el oficial podrá seguir en el servicio activo mientras se resuelve su petición de nulidad del fallo proferido por la Procuraduría General de la Nación. Luego, el Ministerio de Defensa, mediante el Decreto 2635 de diciembre de 2006 ordenó el reintegro provisional del ex comandante del Gaula de Medellín. Y, como si fuera poco, en ese mismo mes, la junta asesora de la Policía Nacional lo llamó a adelantar, durante 2007, el Curso Integral de Defensa Nacional, con el cual será promovido al grado de Brigadier General.
Caminos contradictorios
Es paradójico el camino recorrido por el coronel Santoyo Velasco si compara su caso con el de los 11 generales llamados a retiro el 14 de mayo pasado, entre ellos el general Jorge Daniel Castro Castro, director de la Policía Nacional, cuando se conocieron las grabaciones de las conversaciones de varios ex jefes paramilitares de las AUC recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, quienes, según las evidencias continúan delinquiendo desde el penal.
De acuerdo con el propio Gobierno Nacional, las grabaciones y la filtración fueron realizadas por personal de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol); además admitió que las grabaciones se venían haciendo desde hacía más de dos años a personas que no estaban siendo objeto de investigación alguna, entre quienes se encuentran miembros del propio Gobierno, congresistas y periodistas.
Pero ante la filtración de estas conversaciones, la reacción del Gobierno Nacional no fue la de esperar resultados de investigaciones, tal como se le aplicó al caso del ex comandante del Gaula en Medellín, sino la de considerar las interceptaciones telefónicas como “un procedimiento totalmente inaceptable, ilegal y contrario a la política del gobierno, a las instrucciones que en tal sentido han impartido el Presidente de la República y el Ministro de Defensa, y al buen comportamiento y nombre de una institución tan cara y tan importante para los colombianos, como es la Policía Nacional”.
De inmediato, el Presidente de la República dio la orden a sus nuevos oficiales para que se adelantara una investigación interna “para dar con los responsables de estos hechos tan deplorables y sancionarlos ejemplarmente”.
Y justo el martes 29 de mayo, en el Congreso de la República, el general Oscar Naranjo, nuevo director de la Policía Nacional, explicó que lo ocurrido con las grabaciones no fue propiamente una ‘chuzada’ masiva de líneas telefónicas sino un ‘monitoreo’ de las comunicaciones en el espectro electromagnético de zonas específicas donde, se presumía, se estarían coordinando actividades ilegales. En particular, se referenciaron durante los últimos dos años Santa Fe de Ralito, sitio inicial de concentración de los jefes de las AUC desmovilizados y, posteriormente, la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
En esencia, y contrario a las reacciones iniciales del Gobierno Nacional, el procedimiento mediante el cual se obtuvieron esas grabaciones no es ilegal, puesto que, de acuerdo con el general Naranjo y el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, es una labor de inteligencia a través de un manejo técnico del espectro electromagnético que captaba y almacenaba la información o comunicaciones que salían y entraban de algunos sitios del país.
Lo que sí fue considerado ‘ilegal’ por las propias autoridades fue la filtración de las grabaciones a la revista Semana, un acto que le permitió al país darse cuenta que el respeto a las libertades civiles y los derechos individuales, sobre todo los relacionados con la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, no son tan sólidos cuando se trata de consolidar la seguridad democrática.
Además, este nuevo escándalo permite establecer que cuando se trata de obtener beneficios mediante estos mecanismos antidemocráticos, el Estado puede buscar las alternativas para proteger a quienes infringieron la ley, como en el caso del coronel Mauricio Santoyo Velasco, o de someter al escarnio público a todo un cuerpo de generales, como ocurrió la mañana del 15 mayo. Todo depende, en esencia, del interés político del momento.
Tomado de la Revista Semana
