Rodrigo Ramírez denuncia que en esa región del Caribe habría connivencia entre la Infantería de Marina y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Asimismo, señala posibles vínculos de la pasada alcaldía de San Onofre con ese grupo armado. Por esas investigaciones, hoy está en la mira de los armados.
La amenaza más reciente que recibió Rodrigo Ramírez le llegó hace una semana. Por fuentes confiables en el territorio, supo que un sicario, a quien se le conoce como ‘Pesuña’, había recibido $150 millones para asesinarlo a él y a Ingrid Vergara, ambos integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en Sucre. El caso de Vergara se hizo viral en redes sociales cuando la lideresa denunció el retiro de su esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, no habían denunciado públicamente estos hechos, que sí fueron reportados ante la Defensoría regional de Sucre.
Esta nueva intimidación se suma a dos amenazas distintas que el investigador y defensor de derechos humanos recibió a finales de 2019. Una de ellas, registrada en septiembre, dejó ver las motivaciones que habría tras los hostigamientos de los que Ramírez ha sido víctima. Lo que lo tendría en el ojo de los grupos armados es el trabajo de investigación que viene haciendo sobre la reactivación de grupos paramilitares en la región de los Montes de María (entre Bolívar y Sucre) y en el municipio de San Onofre (Sucre).
El panfleto le llegó a otra persona que viene trabajando con él en la investigación. Se trata de Andrés Hernández, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador Gustavo Petro. El fin es que sea este último quien, con base en la información recogida, promueva un nuevo debate nacional sobre el paramilitarismo en esta región del país. La amenaza, que llegó a la residencia de Hernández en Bogotá, estaba firmada por el Bloque Capital de las Águilas Negras.
“Sus constantes comunicaciones con personas en los Montes de María se convierten en un dolor de cabeza y una molestia para nuestras organizaciones con sus ganas de meter las narices donde no se le ha perdido nada, sabemos de las llamadas que usted a diario tiene con el llamado defensor de derechos”, reza el panfleto. A renglón seguido, señaló como objetivo militar tanto a Andrés Hernández y Rodrigo Ramírez como a Jorge Rocero, defensor de derechos humanos en la zona que ha servido como fuente para la investigación.
“Tiene plazo de 8 días para que usted deje sus escritos y sus trabajos y sus sapos de mierda se ubiquen donde le corresponde o de lo contrario su cabeza pagaremos un alto precio (SIC)”, dice la amenaza. Pero, además, los líderes y presidentes de juntas de acción comunal que han suministrado información a quienes están investigando el tema, particularmente en El Carmen de Bolívar y San Onofre, han empezado a ser objeto de persecuciones y amenazas.
Las denuncias sobre el accionar paramilitar en Montes de María y San Onofre
Desde hace meses, Rodrigo Ramírez viene denunciando una reactivación del paramilitarismo en los Montes de María. Entre los hallazgos en los que venía trabajando, ha centrado su atención en dos, principalmente. La primera, la posible relación de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) con la Fuerza Pública, particularmente la Infantería de Marina, que opera en la zona. “Las comunidades nos manifiestan que pasa un grupo armado y 10 minutos más tarde pasa la Fuerza Pública. La Infantería de Marina ejerce el control territorial en los Montes de María. Es imposible que una estructura armada irregular coexista en el territorio sin que ellos lo sepan”.
Una relación que también ha advertido la Defensoría del Pueblo. “Para las comunidades del municipio resultan sospechosas las escasas acciones de las autoridades en contra de las AGC. En este sentido, consideran riesgoso colaborar en las investigaciones que adelanten, y, de poco interés, denunciar penalmente los hechos victimizantes”, señaló esa entidad en una alerta temprana emitida para San Onofre en julio de 2018. Y es que, para la Defensoría este accionar paramilitar en el municipio no es nuevo, ni de hace uno o dos años. La consolidación territorial de las AGC en San Onofre, dice la entidad, viene desde 2015. Y aún más, las actividades de narcotráfico de grupos de este corte nunca se fueron, tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2005. Para Ramírez, si bien eso es cierto, lo que se ha visto desde 2019 es un accionar más visible y que más allá del narcotráfico apunta a ejercer control social en la zona.
La segunda denuncia puntal que hoy hace Ramírez es la relación que la pasada alcaldía de San Onofre, en cabeza de Maida del Carmen Balseiro, tuvo con ese grupo armado. “Nosotros tenemos claro que la alcaldía de San Onofre oxigenó mucho estas estructuras irregulares”. El líder hace referencia a que, pese a las denuncias de las comunidades, la exalcaldesa Balseiro omitía los planes de contingencia para enfrentar a ese grupo. “Cuando se adoptaban mecanismos de prevención y protección a las comunidades muchas veces la Alcaldía no garantizaba ni facilitaba esos mecanismos para que la fuerza policial pudiese hacer su trabajo”.
La exalcaldesa Balseiro ha sido apoyada por los exalcaldes de San Onofre Sabas Enrique Balseiro y Jorge Blanco Fuentes, ambos condenados por parapolítica, por su relación cercana con las AUC. El fin de semana de las elecciones del 27 de octubre de 2019, el esposo de Maida del Carmen Balseiro fue detenido con cerca de $300 millones que, según advirtió la Misión de Observación Electoral (MOE), serían usados para compra de votos.
Las denuncias sobre el resurgimiento del paramilitarismo en esta región, Ramírez las viene haciendo desde mediados de 2019. Para entonces, como lo publicó El Espectador, el defensor de derechos humanos señaló la presencia de hombres que se identificaban como integrantes de las AGC y que estaban presentándose ante los líderes de la zona con el objeto de ejercer control social en el territorio.
En ese momento, las autoridades, como el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, negaron que en la zona hubiera presencia de grupos de carácter paramilitar. Incluso, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, manifestó al término de un consejo de seguridad en Coveñas que “la situación de los Montes de María son un lugar que continúa estando en paz. Que, si bien ha habido unos rumores de prensa sobre regreso de paramilitares y demás, esto se pudo corroborar que no es cierto, que ha habido eventualmente unos brotes de delincuencia común (SIC)”
Sin embargo, Ramírez continuó con el acompañamiento a las comunidades y el accionar paramilitar en el territorio se hizo más evidente. Tanto así que, en diciembre pasado, las autoridades reportaron la captura simultánea de 24 integrantes del «Clan del Golfo» (como la Fuerza Pública denomina a las AGC) en El Carmen de Bolívar, San Jacinto, María la Baja, San Juan Nepomuceno y San Onofre, entre otros municipios de la zona. “Es decir, ellos mismos están diciendo que sí hay presencia de estructuras armadas irregulares, para ellos Clan del Golfo, para nosotros y para la estructura ilegal AGC, porque así se autorreconocen y así se presentan ante las comunidades”, resalta Ramírez.
Tomado de El Espectador
