A finales del año 2019, representantes de movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales presentaron una tutela para exigir garantías de seguridad para defensores y defensoras de derechos humanos. En primera instancia, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá alertó que en Colombia existe una preocupante situación de violación constante a los derechos fundamentales de los líderes y las lideresas sociales que el Estado no ha logrado superar y que, por lo tanto, persiste un estado de cosas inconstitucional declarado en 1998.
El tribunal manifestó que “nadie está obligado a vivir bajo el terror de la amenaza, con miedo constante a salir de su hogar y territorio por razón de sus opiniones, condición social, racial o de género, bajo la zozobra de ser atacado, agredido o estigmatizado por expresar su pensamiento, por pertenecer a una organización social o simplemente por ubicarse en un espacio requerido por otros intereses”.
Las órdenes del Tribunal Superior de Bogotá
Para solucionar esta problemática el Tribunal dictó órdenes a distintas instituciones para que garanticen la protección de los diez líderes y lideresas accionantes. También exhortó al Estado colombiano para que ordene a las instituciones competentes la protección a los defensores y defensoras de derechos humanos, en el marco del derecho internacional, la constitución, las leyes y demás decisiones judiciales tomadas hasta ahora en el país.
Consideran los líderes que esta respuesta es un paso importante en la protección del derecho a defender derechos humanos en Colombia. No obstante, es de su creencia que es necesario dictar órdenes más concretas para las distintas entidades, ya que se trata de un problema estructural que requiere soluciones de fondo: cumplir lo pactado en el Acuerdo Final de Paz, aplicar un enfoque diferencial a las medidas de protección y abordar el asunto en toda su complejidad, de manera que se llegue a una solución que le permita a los líderes y las lideresas continuar con el ejercicio de sus labores libres de presiones, coacciones, amenazas o atentados contra su vida e integridad o la de sus allegadas.
Las preocupantes afirmaciones de la Presidencia de la República
Por otro lado, preocupan las manifestaciones realizadas por la Presidencia de la República en el trámite de la acción de tutela, en donde afirmó que “no aparece acreditada la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes, menos que ella sea de tal magnitud como para justificar la eventual declaratoria de un Estado de Cosas Inconstitucional”. Es decir, mantuvo la postura del Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, que afirma que no existe sistematicidad en el asesinato de líderes sociales en Colombia y que el fenómeno ha disminuido durante el gobierno del presidente Duque. Algo no sólo falso sino alarmante.
Para atender el hostigamiento, las amenazas y los asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia es necesario que el Estado en su conjunto, empezando por el Presidente de la República y sus asesores, tome medidas contundentes para garantizar el derecho que tiene toda persona a defender derechos humanos en el país.
Los líderes y lideresas, las plataformas de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil impugnarán la decisión para solicitar a la Corte Suprema de Justicia que amplíe las órdenes dictadas por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. La garantía del derecho a defender derechos necesita acciones urgentes, integrales, estructurales y con perspectiva de derechos humanos, étnico-racial, campesina y de género. De lo contrario, el 2020 transcurrirá como uno de los años más peligrosos para el ejercicio de los derechos humanos. Colombia no puede permitir la continuación del asesinato de líderes cada día, como tristemente ha estado sucediendo en cada uno de los transcurridos en lo que va corrido de este año.
Tomado de DeJusticia
