Las más de mil hectáreas sembradas con coca en zona rural de Jamundí les podrá generar este año al narcotráfico y a los grupos armados ilegales ganancias por más de $540 billones en el mercado internacional.
Traducido a cifras de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, las 5500 toneladas de cocaína que pueden procesarse de la hoja cultivada en los corregimientos de este municipio equivalen a dos veces el Presupuesto General de la Nación, fijado para este año en $271 billones.
Ese es el botín que persigue el crimen organizado y que convirtió en escenario de disputa los corregimientos de Villa Colombia, San Antonio, La Liberia, San Vicente y La Meseta, donde días atrás fueron asesinadas cinco personas e incinerados dos vehículos; la tercera masacre cometida por grupos armados en los últimos meses.
La realidad tras esta ola de violencia, explica la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, es que se han incrementado los cultivos ilícitos y lamentablemente el municipio no quedó dentro del programa de sustitución de cultivos del Gobierno Nacional.
“El 4 de febrero tenemos cita con el Presidente y le vamos a pedir que apoye un programa especial para Jamundí como el plan frutícola y arrocero porque es muy importante llegar con la Fuerza Pública, pero también debemos llegarles a los campesinos con programas sociales”, dice la Gobernadora.
Por su ubicación estratégica, Jamundí les ofrece a los grupos armados ilegales cercanía a la vía Panamericana, transporte fácil de insumos y una autopista fluvial para el traslado de la droga hacía el Pacífico a través del corredor del Naya. De ahí la disputa criminal por el territorio.
Los nuevos temores
A esa zozobra que se apoderó de la montaña hace varios meses se suman nuevos ingredientes que tienen en alerta a los organismos de seguridad del Estado.
El País tuvo acceso a un documento de Inteligencia en el que se discuten temas que no solo explican lo que ocurre en Jamundí, sino que advierte nuevos riesgos para el Valle como el regreso de Estados Unidos de 98 de los llamados ‘extraditables’.
Estos antiguos capos, en su mayoría del cartel del Norte del Valle, se han reunido con grupos armados como La Alianza (Cali), La Cordillera (Risaralda) y La Local (Buenaventura) con el fin de rescatar caletas, recuperar bienes en manos de testaferros y establecer conexiones para reiniciar en el tráfico de drogas.
Al respecto, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Manuel Antonio Vásquez, recalcó que los capos que han regresado al país representan un riesgo, pero no una amenaza. “Lo importante es que la Policía tiene hoy un contexto que antes no había y estamos en capacidad de anticiparlos”.
Preocupa también, según el informe, la presencia de “emisarios” mexicanos de carteles de la droga como Los Zetas, Jalisco Nueva Generación y Cartel de Sinaloa, que estarían asegurando la compra directa de cocaína de alta pureza, el envío de cargamentos a través del Pacífico y evitar intermediarios en las negociaciones.
Residentes de Aguaclara aseguraron recientemente a El País que los mexicanos vienen realizando obras viales en la zona alta, entre Jamundí (Valle) y Suárez (Cauca), reclutando desmovilizados para las disidencias y cuentan con un esquema de seguridad al mando de alias Julián, cabecilla del frente Jaime Martínez, y quien recibe órdenes de Leider Johany Noscué, alias Mayimbú.
Desde el año pasado, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre la presencia de carteles mexicanos en zona rural de Jamundí y otros sectores del Pacífico “que llegaron para controlar toda la ruta de los cultivos, el procesamiento y el transporte de la droga hacia el extranjero”.
El general Vásquez no descartó que puedan llegar mexicanos para hacer contactos o mirar la calidad de la droga en Colombia, pero aseguró que “los carteles mexicanos no están operando en Colombia como estructura”.
1 kilo de pasta base se lo pagan en las zonas rurales a los cultivadores en $1.665.000. 1 kilo de la hoja de coca que cosechan los campesinos tiene un valor de $2250. 1 kilo de cocaína de alta pureza es comprado en el sitio de producción en $4.970.600.
Sin arraigo alguno
El nivel de violencia que azota la zona rural de Jamundí no es equiparable con la que se ha vivido en otras épocas ni los actores obedecen a intereses similares.
Cerca de 1500 familias padecen el horror desde hace dos años, cuando se intensificó la lucha de las agrupaciones armadas por el control del corredor que va desde el alto Naya hasta la costa Pacífica, a través de López de Micay, en el Cauca.
Uno de los habitantes de la zona, quien pide que lo llamemos Ricardo por temor a represalias, asegura que “la olla a presión que hay en la parte alta de Jamundí aún no ha explotado”.
“Es aterradora la forma como han crecido los cultivos ilícitos. En el 2014 usted iba a La Liberia y eran cultivos legales y por allá escondido estaban los de hoja de coca; pero hoy la coca ocupa más del 90% de la tierra y la siembran hasta en los patios de las casas”, dice Ricardo, y agrega que está prohibido el desplazamiento en las noches y que matan a cualquier extraño que se asome por la zona.
Vía telefónica, otro líder del sector señala que mucha gente se ha dejado seducir por estas organizaciones ilegales y además de la siembra de coca están metidos también en la extracción de pasta base y la cristalización de la droga.
“Aquí cerca hay por lo menos 30 chongos, que son pequeños laboratorios para el cristalizadero de cocaína armados entre el monte y todos los insumos los suben como si nada desde Jamundí. A uno como campesino le esculcan todos los bolsillos, pero esa gente pasa como si nada en volquetas con los insumos”, dice el líder.
Agrega que: “Claro que la gente está presionada por organizaciones y no van a aceptar la sustitución de cultivos y mucho menos la erradicación de la que habla el Gobierno porque por hectárea mensualmente reciben más de dos millones y medio de pesos y eso no los da ningún cultivo legal”.
El comandante de la Tercera Brigada, coronel Henry López, asegura que han intensificado las operaciones en la zona alta de Jamundí “para asfixiar estos grupos en sus corredores de movilidad. “Estamos cumpliendo el compromiso de aumentar el pie de fuerza y hemos realizado dos operaciones recientemente en las que se desmantelaron dos laboratorios para la producción de cocaína en el sector de La Liberia: uno para producir 40 kilos semanales y otro para extraer 25 kilos de cocaína semanales”.
Sin embargo, el líder local cree que la situación es más fácil de controlar de lo que parece: “aquí no necesitamos cientos de uniformados; basta con que monten un retén en Villa Colombia, uno en San Antonio y dos en Timba, y no sube un solo insumo para la producción de cocaína”. El problema es que los grupos armados, dice, han presionado para evitar la sustitución.
Tomado de El País de Cali
