El sistema judicial de El Salvador tiene en sus manos oficializar si las pandillas dejaron de ser el principal enemigo del Estado y se convirtieron en socios estratégicos de los políticos, al grado de negociar la Presidencia del país.
Tras años de señalamientos, originados principalmente por publicaciones periodísticas y declaraciones de testigos en procesos penales, la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó una causa contra tres políticos importantes y tres supuestos operadores.
Además, pidió a la Asamblea Legislativa retirar el fuero constitucional al diputado y expresidente de este órgano de Estado Norman Quijano.
HERMANDAD Y RIVALIDAD
Los políticos procesados, y que enfrentarán la audiencia inicial el viernes, son el exdiputado y actual alcalde de la capital, Ernesto Muyshondt, el exministro de Seguridad Benito Lara (2014-2016) y el exministro de Gobernación Aristídes Valencia (2014-2019).
A estos políticos los unen los señalamientos de negociar favores electorales con las pandillas, pero los separa su procedencia ideológica.
Muyshondt, al igual que Quijano, es miembro de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), mientras que Lara y Valencia proceden de la exguerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Estos dos partidos dan nombre y rostros a la lacra de la corrupción en el país, dado que al menos tres expresidentes señalados de malversaciones millonarias provienen de sus filas.
El medio local El Faro publicó en 2016 diversos vídeos en los que se observa a estos tres políticos supuestamente reunidos con líderes de las pandillas en el marco de las elecciones presidenciales de 2014.
Dichos comicios se resolvieron en una segunda vuelta entre Quijano y el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén, este último se impuso en las urnas para una segunda administración del FMLN.
Los vídeos, cuya veracidad no fue desmentida por ninguno de los señalados, pusieron bajo sospecha los resultados, pero las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidieron no actuar.
Entre otras cosas, los políticos ofrecieron a las pandillas fondos millonarios para programas, suavizar las acciones policiales y hasta pedir su visto bueno para nombrar un ministro de Seguridad.
LA PALABRA DE «NOÉ»
La declaración de un testigo de la Fiscalía, identificado solamente como «Noé», en un juicio en el que fueron condenados más de 300 miembros de la pandilla Mara Salvatucha (MS13) en 2019 sumó nuevas acusaciones contra estos políticos.
«Noé», a la sombra del criterio de oportunidad y que es supuesto exmiembro de la estructura nacional de liderazgo de la MS13, fue claro en señalar que los políticos negociaron votos por dinero.
Habló de que el FMLN entregó más de 200.000 dólares para que los miembros de las pandillas llevara a Sánchez Cerén a la silla presidencial.
También señaló que Quijano intentó hacer lo suyo al supuestamente negociar un millón de dólares para vencer en la segunda vuelta, dado que inicialmente tenía una amplía desventaja ante su rival.
Mientras que Muyshondt, según dijo «Noé» en el juicio, entregó 69.000 dólares cuando era aspirante a un puesto en el Congreso en 2015.
Tras este juicio, el fiscal general, Raúl Melara, anunció que investigaría a los señalados.
TRANSFIGURACIÓN, LAS PANDILLAS APRENDEN POLÍTICA
La relación entre gobernantes y pandillas no es nueva: entre 2012 y 2014 la MS13 y las facciones Sureños y Revolucionarios del Barrio 18 pactaron una tregua con el apoyo del presidente Mauricio Funes (2009-2014), del FMLN.
Este hecho, para diversos sectores, marcó una transfiguración de la pandillas, que aprendieron a usar los índices de homicidios como un arma política.
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía, en este período el Ejecutivo dio prebendas a la pandillas a cambio de bajar la cifra de asesinatos.
EL «DELITO MÁS GRANDE»
Para el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, estas supuestas negociaciones se han constituido en el mayor actividad delictiva de la posguerra salvadoreña.
«Probablemente sea el delito penal más grande que ha tenido nuestro país desde la guerra (1980-1992), estamos hablando de que negociaron votos a cambio de la sangre de salvadoreños», sostuvo el mandatario, quien fue miembro del FMLN y llegó a gobernar la capital bajo su bandera (2015-2018).
En este período, según una publicación de El Faro de junio de 2018, la administración de Bukele en la alcaldía de San Salvador supuestamente «pactó» con las pandillas y dos de sus funcionarios, que lo acompañan en el Gobierno, se habrían reunido con representantes de las llamadas «maras».
Diversos analistas sostienen que en El Salvador es complicado o casi imposible hacer política sin contar con las pandillas por el número personas que congregan, unos 60.000 miembros activos y sus familias, y el control que ejercen en el territorio.
EFE.
