La Contraloría Distrital acaba de ordenar el embargo del sueldo de Astrid Álvarez, presidenta del Grupo de Energía de Bogotá (GEB), considerada la ‘joya de la corona’ del Distrito.
La medida hace parte del proceso de responsabilidad fiscal que abrió el ente de control luego de verificar que Álvarez, presuntamente habría omitido verificar los soportes y dio aval para pagar más de $2.040 millones a la empresa Berkeley Research Group (BRG).
Se trata de la misma multinacional vinculada a la investigación penal por interceptaciones ilegales realizadas contra pilotos sindicalistas de Avianca, contra el director general de Enel en Colombia, Lucio Rubio y contra el abogado Felipe Jaramillo, estos dos últimos contraparte en un litigio jurídico contra el mismo GEB.
El GEB ha defendido la legalidad del contrato con BRG y ha dicho que es una víctima de la firma que habría usado mecanismos no aprobados para acceder a información.
Además, que suspendieron el contrato cuando estalló el escándalo.
Según el objeto del contrato, «se trata de servicios prestados por muchas otras empresas reputadas en el mercado que consistieron en la búsqueda de información y análisis que le permitiera al Grupo contar con razones fundadas para activar reclamaciones judiciales en defensa del patrimonio público”.
El GEB aún no ha sido notificado de la apertura del proceso de responsabilidad fiscal iniciado en contra de la presidenta Astrid Álvarez, por lo que solicitó “al contralor distrital mediante comunicación enviada el día de ayer, la notificación personal del auto de apertura del proceso a fin de tener conocimiento del mismo, y detalles de las actuaciones adelantadas a la fecha”.
Dentro de la investigación fiscal también figura la exvicepresidenta jurídica del GEB, Diana Margarita Vivas y los interventores Alejandro Botero y Mónica Jiménez.
Uno de ellos le dijo al diario El Tiempo que habían llegado a BRG a través de la firma Brigard y Urrutia. Además, que el contrato tenía interventoría y que cumplió requisitos.
El representante legal de BRG en ese momento Laude Fernández, hoy preso, quien negó hace 48 horas que esté negociando con la Fiscalía.
El caso está siendo analizado por la junta directiva entrante del GEB que está en pleno empalme con la antigua junta.
Este es el comunicado del GEB sobre el embargo:
En desarrollo del contrato suscrito por el GEB con BRG Colombia, el cual tuvo por objeto la prestación de servicios especializados para la obtención de testimonios de expertos independientes y el apoyo regulatorio y en litigios, se encargó la elaboración de un dictamen especializado que le permitiera al Grupo contar con razones fundadas para activar posibles reclamaciones judiciales ante incumplimientos de algunos acuerdos suscritos con uno de sus socios. El estudio, de carácter eminentemente técnico, se ocupó primordialmente de analizar el futuro del negocio de las energías renovables y sus proyecciones de crecimiento en la región.
La contratación y la estimación del valor a reconocer por el dictamen contratado se estableció con base en la verificación de las calidades y calificaciones del experto y en consideración a su experiencia, trayectoria y sus probados conocimientos especializados en la materia. La celebración del contrato fue sometido a las instancias y procedimientos internos definidos en el Manual de Contratación de la empresa y se realizó con estricta sujeción a las normas de derecho privado que regulan su actividad contractual las cuales no exigen, para una contratación de estas características procesos competitivos plurales.
Como remuneración por la elaboración del dictamen se acordaron varios pagos que se realizarían contra la entrega y verificación de los soportes respectivos. Entre ellos se encuentran los documentos que contienen las versiones tanto preliminar, como final con ajustes, del dictamen contratado. En relación con el reconocimiento de gastos relacionados con el viaje realizado a Colombia por el experto que elaboró el dictamen y su equipo, los mismos se encuentran soportados en más de 48 documentos que dan cuenta detallada y suficiente para su reconocimiento.
Los productos entregados fueron tenidos en cuenta en su totalidad para la estructuración de la estrategia de defensa judicial del Grupo. En consecuencia y por cuenta de la extrema confidencialidad y sensibilidad de su contenido los informes no serán divulgados. No obstante, lo anterior, el Grupo puso a disposición de la Contraloría Distrital los informes, por lo que sus funcionarios tuvieron acceso pleno al contenido de los mismos.
Por último, ratificamos que, aunque el Grupo Energía Bogotá a la fecha no ha sido notificado de ningún tipo de investigación fiscal que involucre a nuestros colaboradores, las razones que hoy han trascendido y que se esgrimen por el ente de control fiscal para la apertura de una investigación, no pueden compartirse, como quiera que las sumas pagadas por el GEB a BRG cuentan con todos los soportes correspondientes. Todos los pagos efectuados han sido conocidos y examinados por la FGN y no han sido objeto de observación o reproche. Por último, es preciso insistir en que ninguno de los pagos mencionados está relacionado con actividades asociadas a posibles interceptaciones ilegales.
Tomado de El Tiempo
