Un grupo que irrumpió en una pequeña vecindad de la ciudad de Medellín se autoproclamó “dueño y señor” de ese territorio, de la vida, de la paz y de la tranquilidad de quienes allí habitan. Y hasta ahora no ha habido quien le diga que no, ni siquiera las autoridades legitima y constitucionalmente constituidas.
El sector es denominado el Oleoducto y unos meses atrás era pura tranquilidad, paz, calma. Su comunidad dice que las cosas iban muy bien, pero desde el pasado miércoles 22 de enero de 2020 todo empezó a ir mal, muy mal.
Ese día, en una vivienda de la carrera 62 con calle 91, a las 7:30 de la noche, fue baleado Orlando de Jesús Salazar Yepes, un comerciante de 47 años. Este señor, mal herido, fue trasladado a la Clínica Medellín Occidente, donde posteriormente falleció. Los dos hombres que fueron a buscarlo para dispararle huyeron en una motocicleta con rumbo desconocido.
Fue desde ahí que empezó todo. La zozobra y el miedo se apoderaron de los lugareños. Resulta que en esa zona, entre el puente de la Madre Laura, hasta el barrio Caribe, jurisdicción de la comuna 5, Castilla, alguien estaba vendiendo lotes, predios, que muy pronto empezaron a ser ocupados. Los compradores armaron ranchos y allí se fueron a vivir.
El encargado de vender los lotes era, al parecer, Salazar Yepes. Aclaramos que es una versión de la que no tenemos pruebas, a pesar de que nuestras fuentes aseguran que el hoy occiso comercializaba esos terrenos y que fue esa la razón por la que sicarios lo habrían asesinado. Familiares y allegados señalan, por su parte, que era un hombre trabajador, comerciante, que no le hacía daño a nadie y que no tenía enemigos.
Horas después, hombres armados llegaron al sector e informaron que eran los nuevos dueños del barrio. Desde entonces inició el control ilegal, el cobro de vacuna y el constreñimiento a la ciudad.
Esta es la razón que nos lleva a decirle al alcalde Daniel Quintero; al comandante de la Policía Metropolitana, general Eliécer Camacho; al secretario de Seguridad, general (r) José Gerardo Acevedo Ossa; a la Fiscalía, a cargo de Adriana Villegas; y a toda la ciudadanía, que en la comuna 5, Castilla, la comunidad está atemorizada, acorralada por la delincuencia.
Alcalde Quintero, a sus preocupaciones por la ciudad, por las marchas, por los grafitis, los gestos en el Hotel Dann Carlton, por los homicidios, por la torre que presuntamente voló el Eln, a todas sus preocupaciones, agregue esta. La comunidad del sector el Oleoducto está esperando presencia institucional, esperando que llegue nuevamente la Policía, que estuvo por mucho tiempo, pero que al terminarse de construir el puente de la Madre Laura se fue, porque al parecer los retiraron de allí.
Piden sus habitantes que vuelva la institucionalidad, la alcaldía, la Policía, para que les digan a esos bandidos del combo la Paralela, que obedece órdenes de la odín Picacho, aliada de los Chatas y de las AGC, que ellos no son los dueños de esos terrenos ni del territorio. No los dejemos abandonados, no dejemos que sea la delincuencia, los criminales, quienes controlen ese sector de la ciudad, las vidas de quienes allí habitan. Este lugar era un remanso de paz y hoy cae en manos del crimen.
No se puede permitir.
Y próximamente vamos a hablar del barrio Cristóbal, de la comuna 12 de Medellín, otro lugar que el crimen urbano hoy también se tomó.
