La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, de acuerdo con lo establecido en Resolución del 16 de enero 2020, llevó a cabo los días 6 y 7 de febrero de 2020 la audiencia de aporte a la verdad del exsenador Musa Abraham Besaile Fayad.
En la diligencia, el exsenador fue instruido de su deber de otorgar verdad plena, detallada, exhaustiva y extraordinaria respecto de los hechos delictivos relacionados con el conflicto armado interno. También se le informó que faltar a la verdad conllevaría a la apertura de investigaciones y/o procesos penales en la justicia ordinaria y, además, la posibilidad de perder el sometimiento y otros beneficios en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Asimismo, se le dio a conocer al exsenador Besaile el deber que tiene de denunciar y colaborar con la justicia frente a los hechos delictivos, disciplinarios o fiscales que conozca frente a terceros, ajenos al conflicto armado interno, y que estén siendo investigados o procesados por la jurisdicción ordinaria. Esas denuncias deben ser concretas y directas, indicando la fuente de conocimiento o aportando elementos de evidencia que tenga en su poder.
En la audiencia, la Sala abordó los hechos investigados dentro del proceso 27700 adelantado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por el delito de concierto para delinquir agravado (Parapolítica).
Aceptó vínculos con las AUC
El compareciente brindó aportes de verdad y aceptó haber tenido vínculos con el comandante del Bloque de Córdoba de las AUC, Salvatore Mancuso Gómez, con quien se reunió en tres oportunidades entre finales del año 2001 y comienzos del año 2002, para obtener la autorización de hacer campaña a la Cámara de Representantes cuando hacía fórmula con el exsenador Juan Manuel López Cabrales. El aval a su candidatura fue concedido por las AUC a cambio de no interferir con las iniciativas legislativas a favor del proyecto político paramilitar en el Congreso de la República.
De igual forma, el exsenador Besaile afirmó que para las elecciones locales de 2003 Salvatore Mancuso Gómez avaló las candidaturas a la Gobernación de Córdoba de Juan Carlos Aldana, quien era apoyado por el grupo político Sindicato de Córdoba, y de Libardo López Cabrales, el cual era respaldado por la Casa López. En contraprestación, a Mancuso se le concedieron cargos burocráticos en la Gobernación.
Asimismo, Besaile señaló que, en la investigación que la abrió la Corte Suprema de Justicia por parapolítica, el señor Alejandro Lyons Muskus, vinculado a su defensa judicial, con su avenencia contactó a exmiembros de las AUC que se encontraban recluidos, con el fin de que, a cambio de dinero, no declaran en su contra o cambiaran sus versiones dentro del proceso 27700.
Sobre su actividad en el Congreso de la República para favorecer iniciativas legislativas que incidieran en los grupos paramilitares, Besaile indicó que su forma de hacerlo fue la de no oponerse a las mismas y para ello se ausentó al momento de las votaciones de la ley 782 de 2002, que establecía el marco jurídico de las negociaciones con los paramilitares; la Ley 975 de 2005, conocida como ley de Justicia y Paz, y la Ley 1424 de 2010 que establecía beneficios jurídicos para los desmovilizados de las AUC que contribuyeran con verdad y no estuvieran implicados en graves crímenes en el conflicto.
Por los anteriores hechos, Besaile la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en auto de 23 de mayo de 2018, le impuso a Besaile medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de concierto para delinquir agravado. Ante la jurisdicción ordinaria, el exsenador no aceptó su responsabilidad en esos hechos, pero sí lo hizo ante la JEP.
Advertencia
No obstante lo anterior, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le advirtió al compareciente que sus aportes de verdad deben ser exhaustivos y extraordinarios, más allá de lo establecido hasta el momento en las investigaciones adelantadas en su contra y lo determinado en las sentencias de Justicia y Paz en contra de comandantes y miembros de grupos paramilitares y de la Sala Penal de la Corte Suprema en contra de otros aforados excongresistas y exgobernadores, en los que quedaron probados los hechos y el contexto en se dio la presencia paramilitar en el país y especialmente en el departamento de Córdoba. La Sala también le advirtió al exsenador Besaile que para mantener el beneficio de sometimiento a la JEP y aspirar a otros beneficios, deberá cumplir con esa obligación.
La Sala continuará, en posterior fecha, la audiencia de aportes de verdad frente a otros delitos por los cuales a Besaile Fayad le fue aceptado su sometimiento ante la JEP. El exsenador sigue privado de la libertad.
Tomado de la JEP
