Tres organizaciones de derechos humanos explicaron que aunque es cierto que los grupos armados ilegales se disputan el territorio por narcotráfico, la concentración de tierra para la explotación minera sería la causal principal del conflicto.
El último informe publicado por la Fundación Sumapaz, la Corporación Colombia-Europa-Estados Unidos y la Corporación Jurídica Libertad, denunció que a diferencia de lo que plantea el Gobierno Nacional sobre el conflicto armado en el Bajo Cauca antioqueño, los problemas de la zona no se ciñen únicamente al narcotráfico sino a la imposición de megaproyectos extractivistas de minería ilegal que ha llevado a que se generen disputas territoriales.
De acuerdo con las entidades, existen 47 grandes títulos mineros que han llevado a la concentración de tierras para la explotación en la región. «Aunque el gobierno sostiene que en Antioquia se hace minería responsable, y que perseguir a los informales es una manera de asegurar que no se contaminen las fuentes hídricas, en mayo de 2018, la empresa Mineros S.A, fue denunciada por las comunidades de Nechí y El Bagre, por causar una mortandad de peces, en el río Nechí, que afectó la actividad de pesca y soberanía alimentaria de los habitantes», dice en el documento.
El informe recuerda que de la región del Bajo Cauca antioqueño se extrae el 60 % del oro de Antioquia y el 30 % de la plata.
Además, el informe señala que según la Encuesta de Calidad de Vida del departamento, el índice de necesidades básicas insatisfechas es superior al 60 % y la cuota de pobreza es del 30,6 %, por lo que el alto nivel de vulnerabilidad ha conllevado a que las familias y la comunidad se dediquen a la siembra de coca por la necesidad de aumentar sus ingresos económicos y también por la presión que ejercen los grupos armados.
Aunque la problemática por los cultivos ilícitos se podría solucionar con el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos y los programas de desarrollo con Enfoque Territorial del Gobierno Nacional, estos programas aún no han sido implementados en la región.
Finalmente, el documento hace un llamado al Gobierno a que reconozca la existencia de la crisis humanitaria en el Bajo Cauca antioqueño y a que se «cumplan de manera íntegra la implementación de los Acuerdos de Paz pactados entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las Farc, como esencia fundamental en la consolidación y fortalecimiento de la construcción de la paz estable, duradera y la democracia en el país».
Tomado de El Espectador
