La medida de aseguramiento en el domicilio impuesta por el Juzgado 18 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías a favor de los patrulleros de la Policía Nacional John Edilson López Hurtado, de 32 años; y Luis Anderson Pineda Hincapié, de 33 años, fue apelada ante los jueces penales del circuito de Medellín por los delegados de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría.
Los hechos materia de investigación ocurrieron en septiembre de 2019 cuando un comerciante bogotano se encontraba a las afueras del hotel donde se hospedaba, en el sector La 70 de Medellín, y se le acercaron dos policías quienes le dijeron que él era investigado por abuso sexual a menores de edad, pero que si les entregaba $1.000.000 no harían efectiva la supuesta orden de captura que había en su contra.
Al parecer, los uniformados obligaron a la víctima a entregar el dinero camuflado en dos vasos con bebidas que debía sacar del hotel. La víctima entregó la suma de $500.000 de la manera que al parecer le exigieron los funcionarios de la Policía.
Luego de múltiples actividades investigativas realizadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación adscritos al Gaula, se logró identificar a los patrulleros, adscritos a la estación de Policía del barrio Laureles, López Hurtado y Pineda Hincapié, como los presuntos responsables de la exigencia económica realizada al comerciante.
El CTI verificó en las bases de datos y sistema judicial que la víctima no tiene anotaciones ni órdenes de captura en su contra.
Los procesados no aceptaron los cargos imputados por un fiscal especializado de Medellín por el delito de concusión agravada.
