Si algo demostró el escándalo de esta semana es que la Corte Constitucional necesita eliminar las barreras para que las mujeres accedan al aborto. La manipulación de la opinión pública, la estigmatización de Profamilia, la violenta persecución a una mujer que estaba protegida por la Constitución y las absurdas trabas que el sistema de salud se inventa para frustrar las interrupciones voluntarias de los embarazos son síntomas de una crisis de salud pública.
El caso de un aborto realizado a los siete meses sacó lo peor de los movimientos conservadores y del periodismo nacional. De nada importó que la mujer que interrumpió su embarazo estaba amparada en la causal salud mental, ni que llevara varios meses esperando la autorización para llevar a cabo el procedimiento, ni que lo hizo en una Institución Prestadora de Salud reconocida mundialmente por sus buenas prácticas en fomento de la prevención de los embarazos no deseados. Se abrieron los micrófonos para voces que aprovecharon para violar la privacidad de esa mujer y calumniarla acusándola de asesinato.
Quienes se oponen a levantar las barreras en torno al aborto están desesperados por crear un espejismo. Escucharlos es entrar a un mundo de conspiraciones donde hay médicos que se lucran gracias a mujeres promiscuas que usan la interrupción voluntaria del embarazo como método anticonceptivo. La realidad es radicalmente opuesta.
En los medios y en las redes, se intentó presentar a Profamilia como una institución perversa cuyo “negocio” son los abortos. Los números cuentan otra historia: en el último año, de los tres millones de servicios de salud prestados por Profamilia, tan solo el 0,7 % corresponden a interrupciones voluntarias del embarazo (IVE).
Además, la historia del país tiene una deuda con Profamilia. Desde su aparición, en 1965, la institución ha dado una lucha sin cuartel por promover el uso de anticonceptivos y educar a las colombianas en sus derechos sexuales y reproductivos. A cada paso en ese proceso, las voces conservadoras han buscado dañar su imagen, pero en parte gracias a la persistencia de sus programas hoy Colombia tiene una tasa de natalidad mucho más baja que hace décadas, y han disminuido la mortalidad y morbilidad materna.
Comprar el discurso de quienes quieren presionar a la Corte Constitucional para restringir el aborto es caer en una trampa llena de falacias. La pregunta es: ¿deberían las mujeres ir a la cárcel por abortar? No es una sanción razonable para una decisión cuyas motivaciones responden a la autonomía personal. ¿Debería el Estado intervenir en los proyectos de vida de las mujeres, dictándoles qué hacer en caso de un embarazo no deseado? No vemos un motivo para ese tipo de invasión tan violenta en los cuerpos de las mujeres. ¿Por qué no esperar al Congreso de la República? Porque en todos estos años no ha alcanzado consensos y porque en el Legislativo pululan los proyectos que quieren reducir los derechos de las colombianas. Además, históricamente, el Congreso no se ha preocupado por proteger los derechos sexuales y reproductivos de manera eficiente.
Es momento de que la Corte ignore el ruido que se ha generado y proteja los derechos de las colombianas.
Tomado de El Espectador
