Este jueves en La Dorada (Caldas), tres organizaciones no gubernamentales presentaron un informe a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas sobre el Magdalena Caldense, especialmente, el plan en el que se ubican los puntos donde estarían los cuerpos de 89 personas desaparecidas en esta región. También, entregaron información sobre los responsables.
Aunque se ha registrado en otras regiones del país, el Magdalena Caldense tiene un caso que estremece: la desaparición forzada de un bebé que fue raptado por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tras estar en los brazos de su madre recién parida. Ese es uno de los casos que llegó al sistema de justicia transicional para que se investigue y se esclaresca. Son 187 casos, documentados, los que llegan hoy a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y a la Comisión de la Verdad, para que a través de sus mecanismos extrajudiciales se sepa la verdad y se dignifiquen estas familias adoloridas.
Por ahora, solo de 89 se tienen coordenadas de donde estarían los cuerpos en los municipios que conforman esta región del centro de Colombia: Samaná, Victoria, La Dorada y Norcasia (Caldas). Una región que fue azotada por la violencia paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), en cabeza del Frente Omar Isaza (FOI) y Muerte A Secuestradores (MAS). La guerrilla de las Farc también hizo presencia en la zona con los frentes que cruzaban la frontera desde el oriente de Antioquia, el noveno y el 47. Las Fuerzas Militares, en versiones libres de los excomandantes paramilitares, también han salido mencionadas por su actuar al margen de la ley frente a esta violencia que dejó desaparecidos por venganzas y acusaciones falsas.
Cada actor tiene un apartado destacado en este proyecto que realizaron la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná (Fundecos), el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas), y el Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social (Cedat) de la Universidad de Caldas, con el apoyo del programa para el desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y multi Partner Trust fund (MPTF). Es un documento que contiene la caracterización de lo que fue el conflicto armado en estas tierras y las relaciones con la desaparición forzada. La región del Magdalena Caldense colinda con departamentos como el Tolima, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca y es parte de lo que se conoce como la región del Magdalena Medio.
La alianza perversa entre autodefensas, Fuerza Pública y mandatarios locales habría permitido el desarrollo del proyecto paramilitar que abonó el camino para que despojaran de sus tierras a muchos pequeños y medianos campesinos, relata el informe, en el que señalan específicamente a la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam), como el escampadero legal para la financiación de estos paramilitares del Magdalena Caldense, que llegaron de los municipios de Manzanares, Pensilvania y Marquetalia (Caldas).
El documento también señala que el Batallón Bárbula, asentado en la región de Puerto Boyacá, al igual que la Brigada 14, son responsabilizados de haberse confabulado con las autodefensas, y de su connivencia frente a la desaparición forzada de personas en el Magdalena Medio, particularmente, en el Magdalena Caldense, en los municipios de La Dorada, Victoria y Norcasia. En estos mismos territorios, los sicarios de los narcotraficantes que se hicieron llamar Muerte a Secuestradores (MAS) también hicieron presencia y dejaron huella. Según el informe, en contra de movimientos sociales y líderes de grupos de oposición como los integrantes de la Unión Patriótica.
Al colindar con el oriente de Antioquia, esta región también tuvo la influencia de la extinta guerrillera de las Farc. Sin embargo, la guerra contrainsurgente de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio generó que estas se convirtieran en el mayor perpetrador de las 187 desapariciones que documentó el informe. A este grupo ilegal, especialmente al Frente Omar Isaza, le atribuyen 70 desapariciones. Seguido por las Farc-Ep, señaladas de ser responsables de la desaparición en 57 casos perpetradas por los Frentes noveno y 47. Estos dos grupos armados sumaron el 67,91% de las desapariciones documentadas por estas organizaciones.
Las Farc también están señaladas dentro del informe, como la organización ilegal que más reclutó menores con un 45% seguida por los paramilitares con un 43%, muchas de esas personas aún siguen desaparecidas. Estos casos se registraron, sobre todo, en el departamento de Caldas con 152 casos y los departamentos limítrofes como Antioquia con 12 casos, Boyacá 6, Cundinamarca 5, Risaralda 1 caso. Adicionalmente, se registraron casos en departamentos más alejados, tales como Santander, Norte de Santander y Cesar, cada uno con 2 casos; y en los departamentos de Bolívar, Caquetá, Guaviare, Meta cada uno con 1 caso sin información de lugar.
El municipio de Samaná, por ejemplo, registró el mayor número de casos de desaparición de personas, bajo la responsabilidad de las Farc. Los corregimientos de Florencia y Encimadas en particular, registraron los mayores casos a través de la práctica de reclutamiento forzado. Resalta el informe, que, en las audiencias de versión libre, Elda Neyis Mosquera, conocida como “Karina”, quien fue otrora comandante del frente 47 de las FARC, “reconoció que su organización reclutaba forzadamente en los territorios del oriente antioqueño, cuestión que también se relaciona con los relatos de las víctimas en territorio caldense, en específico en el municipio de Samaná”.
Las Fuerzas Armadas también tienen responsabilidad en el flagelo de la desaparición forzada. Según el informe del Magdalena Caldense, 11 casos se les atribuyen al Batallón de Infantería N° 3 Bárbula, Batallón de Infantería N° 16 Patriotas y el Batallón Contraguerrilla N° 8 Quimbaya, este último, señala el documento, responsable de dos de las tres ejecuciones extrajudiciales reportadas en la documentación a la justicia especial para la paz.
La investigación también documentó que existen cuatro escenarios de donde estarían los cuerpos de 89 víctimas: arrojado al agua (43%), inhumado en fosa clandestina (39%), inhumado en cementerio (15%) y en superficie (3%). En los seis casos de niños desaparecidos se estableció que tres de ellos ocurrieron en un contexto de desaparición colectiva junto a la madre, dos desaparecieron como producto de reclutamientos forzados, y uno de ellos, el que fue secuestrado y desaparecido por los paramilitares cuando apenas había nacido y estaba en un centro hospitalario en los brazos de su madre.
“Algunas de las documentaciones permitieron establecer sitios en donde se encontrarían las personas desaparecidas. También se hicieron recorridos cartográficos, talleres de cartografía social con las comunidades y se recibieron testimonios de personas claves, bien sea porque participaron en las hostilidades o porque tienen información del sitios de disposición de los cuerpos”, dijo durante el evento de entrega del informe en La Dorada (Caldas), Diana Arango, directora de Equitas.
A su turno, la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón, expresó su respaldo a las víctimas que buscan la verdad y la justicia frente a lo que pasó con sus familiares: “como lo saben, la búsqueda es larga y difícil pero es un camino que se puede andar y en ese camino pueden surgir respuestas que debemos construir en conjunto”.
Tomado de El Espectador
